El ministro de Educación, Alberto Sileoni, manifestó su oposición a la instalación de cámaras que monitoreen las actividades de los alumnos en las escuelas, como lo proponen las autoridades porteñas. «Para supervisar las acciones de los chicos están los docentes», analizó el funcionario.

En igual sentido, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, declaró hoy no acordar con la instalación de cámaras de seguridad en el interior de las escuelas porteñas y adelantó que su cartera «nunca pensó en ese proyecto».

La posición de Oporto se sumó a la de la justicia porteña, que dispuso que se suspenda la instalación de las cámaras, según informaron dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Oporto sostuvo que la polémica iniciativa es susceptible de «vulnerar la intimidad de los alumnos» y agregó que estaría bien seguir «trabajando con alarmas específicas en las aulas y sí, por supuesto, en seguridad externa, siguiendo el recorrido de los chicos».

«Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de medidas que pueden afectar la intimidad de las personas, insistió.

El secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, informó ayer la disposición de la jueza en lo contencioso administrativo porteña, Elena Liberatori, «a suspender las cámaras de audio y video» en escuelas porteñas. La jueza tomó la decisión ante el amparo presentado por la UTE, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de las escuelas involucradas.

López explicó que «el jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri,  ha decidido instalar cámaras de audio y video en 90 escuelas (17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas) -según él- con el fin de cuidar el patrimonio de la ciudad».

«Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son escuelas en las que se reclamó más presupuesto educativo, reformas edilicias y escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos», agregó.

Parte del fallo del poder judicial de la ciudad de Buenos Aires, alude a esta falta de coherencia en la selección de las escuelas donde se han colocado las cámaras para vigilar siendo estos colegios: «Por otra parte, no se desprende de la Resolución Nº 103/MJYSG/11 ni del pliego por ésta aprobado cuál fue el criterio utilizado para establecer los “objetivos” de vigilancia, en particular, los establecimientos educativos ya que no se encuentran todos pero si se encuentran los que fueron “tomados”.

Un vocero del Ministerio de Seguridad del Gobierno porteño desmintió que «se haya previsto colocar cámaras de seguridad en el interior de las escuelas. Adentro de los edificios sólo van alarmas y sensores de humo».

«La resolución judicial, de la que el gobierno no fue aún notificado oficialmente, explica que las cámaras están previstas para ser usadas en las cercanías del perímetro de los edificios educativos», dijo la fuente del gobierno porteño.

Además, aseguró, «en las ciudades más importantes del mundo se toman ese tipo de medidas para prevenir hechos de inseguridad, accidentes o siniestros, como incendios».

«La medida responde a un concepto preventivo y amplio de la seguridad», dijo el vocero de la cartera porteña, quien sostuvo que la suspensión recayó sólo en las dos escuelas a las que concurren las hijas de quienes pidieron el amparo.

Y añadió que las 90 escuelas que se mencionan no fueron seleccionadas para la colocación de cámaras en base a un criterio determinado, sino que obedece a «un trabajo en etapas».

Desde la UTE, insisten en que «no van a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de los alumnos».

Asimismo, los representantes gremiales convocaron a «todos los padres cuyas escuelas tienen cámaras para preservar la privacidad de sus hijos, y a firmar la presentación judicial para extender al resto de los establecimientos esta medida».