Aparentemente,  existen tres empresas controladas por capitales españoles que estarían detrás del negocio de la instalación de cámaras de video, no sólo en los colegios porteños sino también en otras áreas sensibles de la Ciudad.

Las dos primeras son Prosegur SA y Securitas SA. El tercero es el grupo Plettac, que está constituido por cuatro compañías dedicadas al negocio de la seguridad electrónica y las soluciones en telecomunicaciones: Plettac Electronics Sistemas SA, Plettac Electronics Seguridad SA, Plettac Electronics PCI SA y Plettac Electronics Soluciones SA.

Esto demostraría que el peso económico que esconde la instalación de dichos artefactos no es un tema menor, sino todo lo contrario.

Si bien hubo un rechazo público de padres, docentes y algunos legisladores sobre el tema, y la justicia suspendió la instalación de las cámaras hasta tanto se resuelva la cuestión en la Legislatura, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, manifestó que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, apelará el fallo que frenó las cámaras en las escuelas. El gobierno PRO no se desanima e insiste con su idea. 

Montenegro calificó como “un absurdo” la decisión de la jueza Elena Liberatori de dar curso a un amparo presentado por un grupo de padres que rechazan la instalación de cámaras de seguridad en los colegios porteños. “Es un absurdo, acá hay una cuestión de cómo cuidar los bienes, no tiene nada que ver con vigilar qué hacen los chicos. La realidad es qué hacemos para cuidar los bienes cuando los chicos no están. Eso se le explicó a la jueza”, señaló el titular de la cartera de Justicia y Seguridad porteña. 

Por su parte,  el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, atacó al macrismo señalando: “Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son aquellas en las que se reclamó más presupuesto educativo y reformas edilicias. Son escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos. No vamos a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho. Por eso fuimos a la Justicia, que nos dio la razón. Mauricio Macri ha decidido instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la Ciudad”. 

Para otros, “si se analiza con cuidado el tema de la instalación de las cámaras, la premisa de vigilar a los docentes no cierra. La cuestión tiene que ver con el negocio millonario de la colocación de las cámaras. Más si se tiene en cuenta que las empresas mencionadas en la cuestión ya fueron vinculadas con la administración PRO, como Plettac, cuando se la mencionó como posible beneficiaria de un millonario contrato por la instalación de una red pública de comunicaciones inalámbricas en algunas zonas de la Capital Federal”.. 

En síntesis,  la intención de colocación de las cámaras de seguridad esconde un entramado que no tiene una explicación simple y los variados intereses que hay en juego lo confirman.