Allí,  el  director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del gobierno porteño, Javier Ibáñez, flanqueado por los diputados macristas Cristian Ritondo, Oscar Moscariello, Carolina Stanley, Enzo Pagani, Victoria Morales Gorleri, Jorge Garayalde, Karina Spalla, María Eugenia Rodríguez Araya, Alejandro García y Ezequiel Fernandez Langan, dijo que no puede “asumir los roles de otros”, en referencia al caso de corrupción protagonizado por su ex jefa de Fiscalización, Vanesa Berkowski, que es investigada por la justicia bajo sospecha de haber cobrado dinero para favorecer a boliches nocturnos que debía inspeccionar. Las palabras del funcionario, que buscaron despegarse de su subalterna, libre bajo fianza, fueron mencionadas ayer ante los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña, que citaron a Ibáñez para que diera explicaciones sobre ese y otros casos de corrupción que enlodan  al organismo que creó el jefe de gobierno, Mauricio Macri, apenas asumió en diciembre de 2007.La exposición duró cerca de tres horas, en un salón casi colmado, por público, entre el que  estaban los padres y familiares de Ariana Lizárraga y Leticia Provedo, las dos jóvenes que murieron bajo los escombros del boliche Beara, cuya construcción clandestina se derrumbó hace poco menos de un año y dejó al descubierto la falta de controles en boliches nocturnos. Todos los presentes, tenían carteles con los nombres de sus seres queridos que murieron, según sus denuncias, por la falta de controles y los casos de corrupción que jaquean el área. Al inicio,  la legisladora Delia Bisutti (Solidaridad e Igualdad) que preside la comisión, contó que mantuvo una reunión con el juez Juan Ramos Padilla, que investiga el caso Berkoswki, e informó que existen, a pesar del secreto de sumario, “escuchas telefónicas directas que nos están manifestando que podrían ser extorsiones a comerciantes, delitos electorales y negocios incompatibles con la función pública”.Ante la afirmación, Ibáñez dijo que sólo sabe del expediente por lo que dicen los medios, y buscó atajar las sospechas con un dato que, hasta ayer, era desconocido: “Somos los principales interesados en que la justicia investigue, prueba de ello es que tres de las cinco denuncias que impulsaron la investigación del juez fueron impulsadas por quién habla y el Director General de Habilitaciones y Permisos”, dijo Ibáñez, Las palabras del funcionario, buscaron responder a los interrogantes que desataron las escuchas que contiene el expediente instruido por el juez Juan Ramos Padilla, donde aparecen mencionados Berkowski, Ibáñez y una larga serie de funcionarios y gestores. La diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, le preguntó por qué aparecía implicado en un caso de extorsión,  a lo que Ibáñez, sin alterarse contestó: “Son diálogos entre gestores ajenos a la agencia de control que estarían cometiendo un acto de corrupción” y dijo que “hay infinidad de gestores que utilizan esta metodología para extorsionar”.Cuando uno de los padres presentes, le recordó que la AGC “no funciona como debiera”, el funcionario dijo que asumió hace menos de un año, pero reconoció que existe “una desvirtuación de rubros”. Ese ardid derivó en el derrumbe de Beara, que tenía una habilitación distinta a la que exige la ley.