También estuvieron presentes María Elena Naddeo, junto con su letrado patrocinante Dr. Hernán Petrelli; por el GCBA, los Dres. Juan Martín Alterini, Procurador General Adjunto, Juan Pablo Graña, María Jimena Fuster; los Sres Ismael Reñao Alania, Julio César Gares y Oscar Anastacio Traviesas, vecinos del espacio Interconsejos Comunales.La reunión convocada por la jueza Gabriela Seijas surgió en el marco de un amparo que presentó Gentili a principios de año para que el Gobierno de la Ciudad transfiera las competencias a las Comunas como estipula la Ley 3233.Machiavelli indicó que “coexisten dos funciones. Funciones que tienen que ver con mantenimiento barrial y espacio público y acciones socioculturales y por, existen las actividades de servicios del gobierno central que se han deconcentrado en los CGP. Estos se descentralizaron a través de convenios internos tales como Rentas. Otros trámites como licencia de conducir o inspecciones de tránsito, certificados de reincidencia, emisión de DNI y convenios oportunamente celebrados con el GCBA. A parir de la sanción de la ley de comunas, el CGP tiene una fecha de caducidad. La idea es que esos servicios continúan prestando desconcentradamente y se dio un marco normativo a esos servicios desconcentrados y por lo tanto la decisión –de crear las UAC-obedeció a razones técnicas operativas y jurídicas”.Por su parte el legislador Rafael Gentili señaló que la ley prevé la disolución de la CGP y que el programa de trasferencia tiene que aparecer antes del 10 de diciembre. Además  el decreto impugnado estaría obstaculizando el proceso de transferencia. Se anticipa a lo que debe ser acordado con las comunas y por eso interfiere con el objeto de este proceso. Indicó que avanza sobre facultades concurrentes.El Procurador General Adjunto del gobierno de la ciudad, Dr. Alterini se opuso a ampliación de demanda, y señaló que el planteo del hecho nuevo fue realizado fuera de plazo. Asimismo, manifestó que el marco institucional para plantear la cuestión sería un conflicto de poderes, para cual la primera instancia no resultaría competente, o debería iniciarse una acción declarativa. Asimismo, señaló que dicho planteo excede el alcance del control judicial.A su turno, la legisladora  Naddeo sostuvo que “han estado reunidos con el subsecretario, la comisión bipartita y tripartita, donde vecinos y legisladores reclamaron a los funcionarios que quieren conocer el plan de transición, de transferencia de personal, de recursos y patrimonio. Con relación al presupuesto, los funcionarios contestaron que no tenían aún el presupuesto para las comunas, lo que demuestran el permanente incumplimiento de deberes que establecen la Constitución de la Ciudad y la ley. Asimismo, este hecho nuevo refuerza la idea de que no se esta preparando el plan de transferencias sino que el ejecutivo esta a la defensiva y resguardando para que las juntas no tengan intervención. Es preciso un acuerdo entre el poder ejecutivo y el poder comunal.El Dr. Alterini solicitó a la jueza “que  determine  el plazo para que el ejecutivo establezca un plan de trasferencia”.Llegado a este punto, la audiencia se dio por concluida.