Aún hoy no se conoce la estructura que tendrá su Gabinete, ni todos los ministros que lo acompañarán después del 10 de diciembre, pero los próximos pasos de su gestión ya se saben. En la Legislatura porteña cada diputado PRO, tiene el listado de los 28 proyectos que su jefe político les pide sacar en su calidad de primera minoría, antes de que asuma. La mayoría de esos proyectos, son normas que desataron duras polémicas en los primeros años de gestión macrista y fueron enérgicamente resistidas por la oposición y la opinión pública, pero que a pesar de ello, Macri vuelve a presentar. En el capítulo de seguridad, considerado por el PRO como la mayor preocupación de los porteños, figuran, al tope de las prioridades, una reforma a la Ley de Seguridad Pública (que creó a la Policía Metropolitana), para permitir el uso, en caso de “legítima defensa”, de armas de fuego o “armas electrónicas de incapacitación motora no letales” más conocidas como “picanas Taser”. El conjunto de normas para seguridad no termina ahí. También incluye la prohibición de cuidacoches y trapitos sin autorización legal, la creación de un registro porteño de ADN, bautizado “de Huellas Genéticas Digitalizadas”, y la reforma al Estatuto de la Policía Metropolitana, que permitirá, en caso de ser aprobada, un segundo ingreso de policías con experiencia, “provenientes de otras fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, hasta tanto se produzca el traspaso de los efectivos de la Policía Federal a la Metro”. La propuesta habla de una posible transferencia de un sector de la Federal a la Ciudad y, al igual que otras prioridades urgentes, fue presentada a fines de agosto, luego de los resultados, y el impacto de las primarias del 14 de agosto. En el plano de las finanzas públicas, la lista de Macri incluía una orden imperativa para que sea aprobada también, una nueva autorización a endeudar a la Ciudad por 500 millones de dólares, por medio de una nueva serie de bonos “Tango” para destinar 300 millones de verdes a refinanciar bonos anteriores y otros 200 a “obras de infraestructura”. La arquitectura de leyes para conseguir nuevas vías de financiamiento para la segunda parte de la gestión PRO agrega una reforma al artículo 45 de la Ley Orgánica del Banco Ciudad, que le permitirá a Macri, la utilización de los 810 millones de pesos de ganancias que registró el banco público en 2010. El proyecto establecía que esas ganancias sean usadas para “contribuir al Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin afectar el nivel de capital mínimo que las entidades financieras deben tener integrado”. Esta aprobación ya fue dada por la Legislatura por lo que le queda un proyecto menos para pelear. A propósito, el diputado kirchnerista Juan Cabandié se manifestó en desacuerdo con el proyecto y fustigó las políticas económicas de Macri. Cadandié en su momento, dijo que el jefe de Gobierno porteño propone para la Ciudad una «ecuación perversa» basada en «la presión fiscal y el endeudamiento indiscriminado». También aparece en las prioridades una ambiciosa lista de negocios inmobiliarios, previstos en otras leyes de “alta importancia” para el gobierno PRO, como la protección cautelar de los viejos edificios que formaron parte de la ex Playa de Maniobras y Cargas Ferroviarias de Caballito. Se trata del predio donde los vecinos quieren instalar un parque, pero la comuna alienta la instalación de un shopping planificado por el holding Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA). La empresa, controla casi todos los shoppings de Buenos Aires y entre sus gerentes tiene a Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, el jefe de Gabinete PRO, que en marzo de este año, dijo que era un disparate urbanizar la villa Rodrigo Bueno, ubicada al frente y poblada por más de 4000 personas. Esa norma no es la única que se hace eco de los intereses del gran jugador del mercado de bienes raíces argentino. Macri también instruyó a sus ediles la obtención, cuanto antes y a cualquier costo, de la aprobación del permiso legal para la construcción de “Solares de Santa María del Plata”, el primer barrio privado de la capital, diseñado hace casi una década por el holding perteneciente a Eduardo Elsztain en los terrenos de la vieja ciudad deportiva del Club Boca Juniors, ubicado frente a la villa Rodrigo Bueno, a metros de Puerto Madero. La ofensiva legal para obtener su aprobación casi resultó exitosa hace 15 días, cuando la ley texto estuvo a punto de ser aprobado sobre tablas, pero el desempate de Julio Raffo (Proyecto Sur), devolvió el proyecto enviado por Macri a comisiones. Con ese retroceso, en los pasillos del Palacio varios legisladores admitieron que habría “interesados en hacer lo que sea necesario para conseguir su aprobación” y que el tratamiento del proyecto deje de tener obstáculos. Dentro del PRO, admitieron que para lograrlo, promoverán que el proceso sea con doble lectura, es decir, con doble aprobación en el recinto luego una audiencia pública. Con ese método, dicen, se creará un fideicomiso que recibirá el dinero que IRSA destinaría a los vecinos de la Rodrigo Bueno para conseguir su reubicación o su urbanización definitiva, en caso de que el fallo de la jueza Elena Liberatori sea confirmado en el Tribunal Superior de Justicia. El PRO lograría aprobar los proyectos que no pudo sancionar en los últimos dos años, con sólo 24 votos propios, a cualquier precio, negociando con los 30 legisladores que dejarán sus bancas el 10 de diciembre.