Las juntas de clasificación son el organismo que permite ingresar en el sistema a los maestros.y para comprender el conflicto es necesario conocer las causas. Luego del escándalo que se desató en la Legislatura porteña en el marco de la reunión de comisiones donde se preveía impulsar el proyecto del Pro que permite  la eliminación de las Juntas de Clasificación Docente, no hubo dictamen  por lo cual los legisladores se reunirán el próximo martes. En el momento que la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Laura García Tuñón, de Proyecto Sur, levantó la sesión por falta de quórum, los diputados macristas bajaron rápidamente al salón para participar de la reunión En ese momento,  la titular de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, autora del proyecto, se enfrentó con el público opositor que protestaba en el lugar y pidió avanzar con la firma de los dictámenes existentes. Argumentaba contra la postura de García Muñón que no se podía levantar la sesión porque «técnicamente estábamos en cuarto intermedio y ellos no quisieron dialogar».La Junta de Clasificación docente es un organismo de co-gobierno que existe desde el año 1958 a nivel nacional y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desde 1986. Por medio de esta junta -que consta de nueve miembros-, se garantiza que los docentes que entran a trabajar, lo hagan en orden de merito profesional, lo que implica puntaje, antigüedad y antecedentes culturales. Las partes son cuatro por la mayoría docente, dos por la minoría, y tres por el gobierno de la Ciudad.Es importante saber que los miembros de las Juntas son elegidos por el voto directo de docentes,  sean afiliados o no a algún sindicato y que estén en actividad.El  proyecto Pro, pretende que el ejecutivo elija a todos los miembros y dejar a los sindicatos docentes fuera de las votaciones. Salvo una junta de control que actuaría solo cuando un docente denuncie que le pusieron mal un puntaje. «Lo que pretende el proyecto del Pro es crear una oficina única de clasificación, cuyos miembros sean elegidos por el poder ejecutivo», dice Mariano De Negri, secretario de prensa de UTE.En lo que respecta a las comisiones de  Educación y de Legislación del Trabajo, en las que se escuchó a representantes de los diecisiete sindicatos porteños, a miembros de las juntas y a docentes y directivos de escuelas, los números de oficialistas y opositores no arrojan ventajas notorias para ninguno. Sobre un total de 22 diputados, el PRO tiene ocho votos propios, mientras que los legisladores que proponen el archivo cuentan seis firmas seguras y dos posibles. Una tercera propuesta, formulada por Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, propone un camino intermedio: reduce la cantidad de juntas de las catorce actuales a siete, les mantiene la atribución de designar jurados, pero les recorta la posibilidad de armar las listas, que quedarían en manos de una comisión de la Legislatura. Si bien ese proyecto tiene sólo dos votos seguros, podría recibir el apoyo del PRO, según afirmó Morales Gorleri y agregó, «no despachamos porque nuestra intención es conciliar».En rechazo de la arremetida macrista, De Negri resaltó la elección que se realizó ayer donde hubo una masiva participación y señaló que no se van a dejar «disciplinar, y vamos a seguir resistiendo en defensa de la educación pública». Además, expresó que esta norma es llevada a cabo desde la democracia y solo «la incumplieron en la dictadura de Juan Carlos Onganía, Jorge Videla y ahora el  gobierno de Mauricio Macri».En rigor, la legisladora del Pro señaló que es razonable los docentes no acepten la nueva norma, «porque no quieren perder la autonomía con la que ellos mismos designaban sus puestos. El rol de las políticas públicas no es sostener algo porque haya sido impuesto en democracia, sino evaluar si le sirve al sistema educativo y la conclusión es que no funciona».De Negri, también resaltó que desde la llegada de Macri  al gobierno, la educación publica porteña «está sufriendo una dictadura, «avanzó en prohibirnos realizar por falta de mejoras edilicias, intentó poner cámaras de seguridad en la escuela, pidió a los directivos que pongan a alumnos en listas negras, bajó sistemáticamente el impuesto de la educación pública y aumentó el de la educación privado, recortó las becas estudiantiles, pero queremos que tenga claro que nos vamos a seguir movilizando y vamos a resistir», enfatizó.