El LEM, que actualmente se encuentra en la órbita de la Jefatura de Gabinete porteña, tiene una historia de 103 años de funcionamiento y momentos de despliegue cuando recibían materiales de otras provincias y de entidades privadas para estudiar y emitir un veredicto. El control de la calidad de los elementos que se usan para las obras públicas, actualmente, recae en manos de las mismas empresas contratistas. Es decir, se controlan a sí mismas. En el laboratorio, los ensayos se efectúan de acuerdo con las normas IRAM y con las especificaciones que elaboran los respectivos organismos técnicos y reglamentaciones vigentes. Luego del derrumbe en la calle Bartolomé Mitre, la desconfianza respecto de la seguridad de las construcciones en la Ciudad se continúa acrecentando. Si bien esto es responsabilidad de las constructoras privadas, un dato que resulta alarmante es la situación por la que está atravesando el único organismo destinado a verificar la calidad de los materiales que se utilizan en las obras en construcción públicas porteñas que a saber del legislador Fabio Basteiro, presidente del bloque Proyecto Sur, que dice que está siendo “vaciado». Basteiro elevó un pedido de informes y un amparo judicial y advirtió que “el LEM tiene un rol crucial en el monitoreo de la calidad de los productos que se utilizan en las compras y en la construcción de la obra pública porteña”. Convencido de que se trata de una decisión política, asegura que con el LEM casi desarticulado, “las contratistas que todos los porteños pagan tienen vía libre porque nadie las controla. El control sobre los pliegos de las licitaciones públicas sería casi nulo”. Actualmente solo trabajan 25 técnicos de los 120 que tenía el organismo en 1983, cuando la Municipalidad definió las funciones para todas las áreas del laboratorio. Según Proyecto Sur, “Esta disminución se profundizó y redujo a su mínima expresión a la única repartición comunal que se dedica al control específico de los materiales que se utilizan en las obras que el Estado porteño paga con fondos públicos”. Según los trabajadores del laboratorio “No hay ni resmas para imprimir las normas IRAM, las computadoras están caducas o funcionan mal y conseguir una lapicera o un resaltador equivale a un milagro”. Además, agregaron que en caso de funcionar a pleno “no seríamos un gasto, todo lo contrario, porque el personal es idóneo y podríamos trabajar para otras provincias y empresas”, como se hacía años atrás. “Habría un ahorro en gastos del Estado por compras mal realizadas, y no nos olvidemos del invalorable beneficio en protección de los vecinos”. “Este laboratorio no tiene la difusión que debería tener, y muchos profesionales desconocen las bondades que también ofrece a la rama privada desde el punto de vista profesional”, resaltó el arquitecto Lucas Zalcwases, director general de P&S Constructora. “No sé si es primero el huevo o la gallina, no sé si los profesionales no concurren porque no lo conocen o por negligencia. Pero hay que dejar en claro que la mayoría de los accidentes graves de estos últimos tiempos eran absolutamente previsibles”, agrega. Zalcwases admite que a diario ve obras totalmente irregulares en donde “las desgracias no suceden por obra de la suerte”. Pero no quiere deslindar culpas entre sus colegas y señala que “esto no es solo un tema político, es más bien técnico y de responsabilidad profesional”. “Los estándares de seguridad del país no son malos en comparación con el resto del mundo, pero lógicamente siempre trasciende lo que sale mal, a nosotros nos auditan constantemente pero es cierto que muchos obradores trabajarían mejor si supieran que en cualquier momento les puede llegar un control. Cuanto menos, se van a cuidar más.” Gustavo Desplats, de la Proto Comuna de Caballito afirma que “En el último año se produjeron 13 derrumbes importantes. Una cifra récord en la Ciudad. El primer ingeniero a cargo de la Ciudad de Buenos Aires es, paradójicamente, el que mayor cantidad de derrumbes tuvo en su gestión. Y esto no es casualidad o mala suerte. Es el fruto de una política del dejar hacer hacia el mercado de la construcción”. Además recuerda que “El registro de demoledores que se creó por nuestro pedido luego del derrumbe de Pedro Goyena y Thorne nunca fue correctamente instrumentado por la administración macrista”, aludiendo a la tragedia de Bartolomé Mitre. Para no lamentar nuevas pérdidas humanas y materiales, Desplats reafirmó el pedido que elevaron al Ejecutivo en donde solicitan la suspensión de todas las obras comenzadas en los últimos seis meses. Y su posterior reinspección y adecuación a la nueva normativa. Si el Laboratorio de Ensayos de Materiales con su función específica, funcionara a pleno, tal vez se hubieran evitado situaciones de crisis, como los derrumbes, que se llevaron 10 vidas en los últimos tiempos.