La decisión la adoptó el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Fernando Juan Lima, quien sin embargo sostuvo que lo único que rechazó por ahora fue la adopción de una “medida suspensiva y urgente” por considerar que la nueva tarifa “no provocará un daño irreparable” en los usuarios.
“Los pedidos de amparo no fueron rechazados y se están tramitando normalmente, de modo que en un plazo de no más de veinte días habrá una resolución definitiva apenas reunamos más elementos”, dijo el magistrado en declaraciones a la prensa.
Entre sus consideraciones para no retrotraer el precio al valor anterior figuró el descargo del gobierno porteño que, junto a las también demandadas Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y a la concesionaria Metrovías, aseguró que sin la suba “no podrá brindar el servicio de subtes”.
“De acuerdo con lo que surge del Acta Acuerdo de Transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro celebrada con fecha 3 de enero de 2012 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el considerando del decreto 27/2012, podría llevar a una grave afectación del servicio público comprometido”, reprodujo el magistrado.
El ejecutivo de la Ciudad aseguró no tener presupuestado el monto de los subsidios que la Nación pagaba para mantener el boleto a bajo precio, y que dejó de pagar en una 50 por ciento al transferir el servicio a la Ciudad.
“Existe una necesidad de generar recursos genuinos a favor del servicio, que no pueden ser obtenidos de otra forma que no sea mediante la adecuación de la tarifa, ya que no se cuenta con otra fuente de recursos genuinos para poder integrar las sumas que la Nación deja de pagar”, cita también el fallo de Juan Lima.
En una resolución de 17 carillas, plagada de consideraciones jurídicas sobre la excepcionalidad de las medidas cautelares como las solicitadas, Juan Lima no hizo lugar al pedido de retrotraer el tarifazo hasta que se realice una audiencia pública, que es lo que todos los amparos reclamaron.
Resaltó que los ocho pedidos de amparo se basaron en la “pretendida afectación del derecho a la participación ciudadana, al afirmarse que se habría procedido a imponer un aumento en la tarifa de subterráneos sin haber cumplido con los procedimientos legales que la normativa impondría para ello”.
“No se desconoce la entidad de la modificación en el monto que efectivamente se abona para viajar en el transporte subterráneo de esta ciudad, con la incidencia económica que ello puede tener en las distintas economías personales o particulares”, sostuvo el juez.
Sin embargo, considera que “no se advierte que ese agravio revista la entidad necesaria como para considerar que los riesgos de permitir que continúe la situación actual hasta el dictado de la sentencia definitiva sean mayores que los que podrían derivarse del dictado de la cautelar pedida”.
En línea con la medida suspensiva pedida -y ahora denegada- por ocho ONGs, legisladores porteños y ex candidatos en la Ciudad, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro realizaron en los últimos diez días una protesta contra el tarifazo consistente en la liberación de molinetes en los horarios pico.
Fuente: Télam
