El fiscal detalló que hay identificados «seis posibles imputados por sus vinculaciones con las tomas y por sus propias manifestaciones, donde se titulaban como líderes de la toma» y que algunos de ellos ya fueron indagados. Además el fiscal estimó que en «15 o 20 días» estará en condiciones de «remitir a juicio» la causa por la usurpación del parque Indoamericano que se produjo en diciembre de 2010. «Estamos esperando las últimas pruebas que encargamos a la policía judicial que tiene que ver con los cruces de llamadas telefónicas “ Por otra parte, Cevasco apuntó a las motivaciones que tuvo el episodio e indicó que «uno de los negocios importantes que hay en estos momentos en las villas es el negocio inmobiliario». La transacción «se estipula a valores equivalentes a los del resto de la ciudad pero en condiciones de enorme precariedad». Y remarcó que «eso ya lo tenemos totalmente demostrado así como el accionar para la toma, especialmente para la segunda toma» del predio. El fiscal encabezó junto a su colega Claudia Barcia la instrucción del caso e indagó en octubre a seis dirigentes sociales acusados de «usurpación» y de liderar la toma del parque. Entre los dirigentes que fueron indagados figuraban Alejandro «Pitu» Salvatierra, y la delegada del barrio Los Piletones, Noemí Mónica Ruejas. Los seis imputados fueron acusados de instar a las familias a usurpar el predio porteño bajo la promesa del pago de 700 pesos. El Parque Indoamericano, ubicado en el barrio de Villa Soldati, fue usurpado por decenas de personas, en su mayoría oriundas de países limítrofes, la noche del 6 de diciembre para construir viviendas. Tras la ocupación ilegal, las policías metropolitana y federal implementaron un operativo para desalojar el parque terminó con la muerte de tres personas, los ciudadanos bolivianos Rosemary Chura Puña, Juan Castañeta Quispe y el joven paraguayo Bernardo Salgueiro, por heridas de bala. Recordamos, como lo adelantáramos hace unos días, que en una causa paralela a la de la usurpación el juez de instrucción Eliseo Otero sobreseyó a 33 oficiales de la Policía Metropolitana, 12 de la Federal y a la jueza penal porteña, María Cristina Nazar, por los crímenes, aunque el fiscal Sandro Abraldes apeló ya a esa medida.