Como un anticipo de lo que vendrá, el polémico vicepresidente primero de la Legislatura,  Cristian Ritondo, confirmó que el bloque PRO, integrado por 26 diputados,  volverá a insistir con dos leyes que el macrismo bautizó “contra trapitos y motochorros”. Se trata de los dos  proyectos que buscan impedir el tránsito de motos con acompañante en el microcentro y en distintas avenidas porteñas en hora pico, además de otra norma destinada a penalizar el trabajo de personas que cuidan autos estacionados y limpian sus parabrisas.El año pasado, luego de una larga negociación entre la oposición y el PRO, la Legislatura sancionó la Ley 4113, que creó un Registro de Cuidadores de Vehículos. La norma consensuada logró modificar el proyecto original que había presentado el macrismo, destinado en un principio a castigar a las personas que desarrollan ese trabajo informal. El texto fue aprobado el 7 de diciembre, con el voto de macristas y opositores, pero fue vetado por Macri 50 días después. Como argumento, consideró que la norma “atentaba” contra “el principio de libre disfrute del espacio público”, algo muy similar a la doctrina electoral del “espacio público innegociable”. Fue uno de los slóganes que utilizó el PRO para justificar una larga ofensiva contra todo tipo de ocupantes que, hace dos años, desembocó en el macabro descubrimiento de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), el organismo estatal, integrado por empleados públicos, que se dedicaba a perseguir, identificar, hostigar, golpear y desalojar a las personas en situación de calle que vivían en distintos puntos de la Ciudad. Con el registro de cuidacoches sin efecto, y con un récord de 100 leyes vetadas en cuatro años, el macrismo buscará revertir la derrota que sufrió su proyecto original para perseguir, multar y encarcelar “cuidacoches”, y volverá a presentarlo. En esta oportunidad, tal como establece la Constitución, para lograr su sanción en un segundo intento, deberá reunir 40 votos, una cifra mucho mayor a los 26 votos que tiene el PRO y bastante lejana de los 31 votos de la mayoría simple que necesitó el proyecto de ley durante el año pasado, cuando fue presentado por primera vez. Por su parte, el  proyecto contra motochorros consiste en la prohibición de la circulación de motos con dos personas en el centro porteño y en otras diez avenidas entre las 10 y las 17. Su aprobación también fue muy distinta a los planes del macrismo, que en 2010, antes de la reelección del líder del PRO, había presentado una ley con una serie de sanciones contra este delito. Sin embargo, el 8 de septiembre de ese año, luego de una dura negociación, y de protestas de “motoqueros” y empleados de empresas de mensajería, la Legislatura aprobó controles y restricciones a la circulación de los vehículos, pero sin la inclusión de sanciones en caso de que no se cumpliera con las obligaciones de la ley. En ese momento, Ritondo, en calidad de jefe de bancada, dijo que la ley sancionada era un “mamarracho legal” por “los desmesurados y poco razonables borrones y agregados a la que la sometió la oposición durante el debate para su aprobación”.El enojo de Ritondo tenía que ver con los 180 días de prueba que había fijado el texto y que enterraba cualquier posibilidad de castigar el incumplimiento de restricciones que eran temporales y experimentales. Ahora la sanción también necesitará 40 votos, un número, por ahora, inalcanzable para el PRO.