Ciudad

Inspección ocular a las villas y asentamientos por el temporal

La jueza Elena Liberatori hizo lugar al pedido del Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, y dispuso la inspección ocular a las villas y asentamientos para comprobar si se realizaron obras y si se les brindó ayuda luego del temporal.

  La jueza Elena Liberatori hizo lugar al pedido del Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, y dispuso la inspección ocular a las villas y asentamientos para comprobar si se realizaron obras y si se les brindó ayuda luego del temporal. Para la Defensoría, hubo falta de intervención del Gobierno en las zonas más pobres y desprotegidas de la Ciudad. Luego del temporal que sufrió la Ciudad la semana pasada, se repitieron las denuncias sobre los destrozos que provocó en villas y asentamientos. Por este motivo, la Defensoría constató la falta de intervención del Gobierno en las zonas más pobres y desprotegidas, como Villa 21/24, Villa Fátima, Villa Los Pinos, Villa 15, Villa 1-11-14, Asentamientos Magaldi y Zavaleta, complejo de Castañares y Lafuente, entre otros. El organismo, a través de un comunicado, hizo saber que “La destrucción de casillas y viviendas precarias y la falta de servicios básicos, ha provocando una situación social crítica”, explican. Esta denuncia motivó la resolución de la Jueza de turno, Dra. Shafrik, ordenando al Gobierno de la Ciudad realizar un conjunto de tareas. En este marco, la Jueza Elena Liberatori ordenó una recorrida, por las zonas afectadas para comprobar qué obras se han realizado y cuales deben aún cumplimentarse. La Jueza Schafrik había ordenado que, en el plazo de 24 horas, los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Público y Justicia y Seguridad realicen los relevamientos urgentes sobre el riesgo edilicio y provean los materiales necesarios para reconstruir viviendas. Además, el Ministerio de Desarrollo Social debía proveer colchones, frazadas, alimentos y resolver las situaciones de emergencia habitacional derivadas del temporal. También debía intervenir el Ministerio de Desarrollo Económico, mediante la UGIS, para controlar el riesgo eléctrico y distribuir agua potable en caso de ser necesario.