La iniciativa que se está debatiendo esta vez fue presentada por el legislador oficialista José Luis Acevedo y propone regular los “servicios” en los espacios verdes porteños de más de 5.000 m2. El proyecto crearía áreas para bares que se darían en concesión con ciertos requisitos: que tengan bajo impacto en el espacio, criterios sustentables, baños, un sector para ejercicios y lugar para bicis y reposeras. Las concesiones serían por 20 años. Tras el debate, el proyecto aún quedó en duda. Por ahora, sólo se definió una nueva reunión de comisiones para revisar los detalles del polémico proyecto.La idea no es nueva, el PRO viene intentando aprobarla desde 2008 con varios legisladores, pero nunca pudo imponerla por el freno de las asociaciones vecinales y de los legisladores que no terminaron de avalarla. Participaron asesores de los legisladores de tres comisiones, los vecinos volvieron a rechazar muy fuerte la idea y acusaron a sus impulsores de buscar privatizar espacios de plazas y parques. El proyecto intenta habilitar “áreas de descanso, esparcimiento y servicios”, baños públicos gratuitos, mesas, reposeras, alquiler de bicicletas y wi-fi. En la reunión muchos vecinos y asesores de legisladores pidieron explicaciones en un debate acalorado donde no faltaron los gritos, y los reproches.La consulta, fue convocada por las comisiones de Espacio Público, Presupuesto y Desarrollo Económico, abrió la discusión a varias ONG y vecinos. También estuvieron presentes tres organizaciones de vendedores ambulantes que trabajan en plazas porteñas y en total hablaron 14 representantes vecinales, muchos en nombre de los comuneros. En general, el reclamo fue que la prioridad sea arreglar los espacios verdes y abrir nuevos para llegar a los estándares recomendados“Buenos Aires está hoy por debajo de los 10 o 15 m2 por habitante que dice la OMS antes de apuntar a un “negocio” en las plazas. Otros vecinos también insistieron en que los espacios verdes deben ser competencia de las comunas. Asesores de legisladores como Adrián Camps (PSA), María América González (Buenos Aires para todos) y Gabriela Alegre (FPV), entre otros, pidieron que el proyecto fuera archivado. La ONG Basta de Demoler fue en la misma línea, igual que los vendedores ambulantes.