El presupuesto participativo (PP) es una herramienta de democracia participativa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos. Se trata de un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio. En estos espacios se puede decidir la mejor inversión que realice el municipio que beneficie a la mayoría de la población como agua potable, pavimentación, luz, mercado municipal, etc.
La primera experiencia de PP se inició en 1989 en la ciudad de Porto Alegre (Brasil), tras la victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales. En un contexto de fuertes desigualdades sociales y recursos limitados, el nuevo gobierno no podía hacer frente a todas las necesidades de la población ni dar respuesta a las expectativas creadas entre la población más desfavorecida.
El objetivo principal del PP en Porto Alegre se centró en la justicia social: empoderar a las comunidades y conseguir que las necesidades de los más desvalidos, a menudo olvidadas, pasen a primer término mediante la inversión de prioridades.
En Argentina, además de Buenos Aires, el primer municipio en adoptar un PP fue la ciudad de Rosario. Allí se sancionó la ordenanza respectiva en 2002 y el primer presupuesto participativo correspondió al año 2003. Entre los porteños, las cosas fueron diferentes porque no hubo una normativa regulatoria concreta. En parte, porque la Constitución de la ciudad establece el carácter participativo de todo el presupuesto[1]. En parte porque tratándose de un proceso que debía perfeccionarse a lo largo del tiempo, se priorizó la confección y aprobación de Reglamentos delPresupuesto Participativo elaborados con participación de los delegados barriales del PP.
Con la llegada de las Comunas, muchos quisieron limitar la potestad popular de participar en la elaboración de las prioridades presupuestarias al proyecto de gasto de las Juntas Comunales, al contrario de lo que afirmala propia Constituciónlocal. El silencio legislativo respecto de los procedimientos de consulta que determina el artículo 52 de la Constitución, facilitó la maniobra.
Silenciado y saboteado por la burocracia central, que siempre se molestó con la intervención vecinal, el PP fue muriendo. De hecho, la última edición que recoge la página web del Gobierno es la de de 2010.
Ahora las cosas van peor. En la experiencia de este año, las prioridades presupuestarias de las Comunas no fueron siquiera consultadas con los Consejos Consultivos Comunales.
Claro que la participación ciudadana no es espontánea, sino que requiere de un esfuerzo pedagógico de parte de las fuerzas políticas democráticas. Un esfuerzo que pocos parecen dispuestos a realizar. También vale anotar que el reflujo participativo es correlato de la paulatina normalización de la vida social, de resultas de la extraordinaria recuperación económica y política recorrida desde el 2003. Esos logros refuerzan la participación política por otros cauces, el de los partidos políticos.
Aún así, la calidad institucional de nuestra democracia se vería reforzada por el ejercicio del PP, con su dinámica de consulta popular, control del diseño y ejecución de las políticas y rendición de cuentas de los funcionarios.
Fuente: www.sintesiscomuna3.com.ar
