Según el vicepresidente primero de la Legislatura, «La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con este proyecto de ley, se coloca en una posición de irrestricta defensa de la República como siempre lo ha hecho y como lo demuestra su tradición republicana desde los orígenes de la Patria».

Cristian Ritondo, al referirse al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri para resguardar la libertad de expresión dijo:  «La República demanda, para que todos los ciudadanos podamos vivir en libertad, que se respete la libertad de expresión en todas y en cada una de sus manifestaciones porque sin libertad de expresión no hay democracia. En un sistema republicano representativo y federal cada jurisdicción tiene facultades autónomas en el marco normativo que establece la Constitución nacional. Sin embargo, conviene recordar que el federalismo se fundamenta en la libertad individual tanto de cada persona como de cada jurisdicción». 

Para el diputado del  macrista «la libertad de los ciudadanos en la Ciudad no se negocia. Se respeta y se defiende desde los poderes públicos constituidos y desde la misma ciudadanía a través de sus organizaciones libres y no gubernamentales. La Ciudad les dice a los ciudadanos porteños que nadie nos va a atropellar. El Gobierno de la Nación tiene sus competencias y nosotros tenemos las nuestras. Así es el federalismo y así actuamos en consecuencia. Los derechos y garantías de los ciudadanos porteños son sagrados, y sagrada es la libertad de expresión». 

Ritondo afirmó: «Cuando observamos, vemos y oímos expresiones gubernamentales nacionales irrespetuosas de la libertad de expresión de algunos medios críticos, nos preocupa. Y la mejor forma de prevenir atropellos a la libertad de expresión es legislando siempre a su favor y nunca a favor de ningún gobierno de turno. Las amenazas de expropiaciones de empresas por razones políticas coyunturales nos retrotraen a etapas funestas de la historia ya superadas desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Caer en ese tipo de errores conspira contra la democracia y nos acerca a un régimen de pronunciados rasgos dictatoriales». 

Finalmente Ritondo señaló: «En la Ciudad hay libertad y nuestra libertad es innegociable y para todos. Lo mismo queremos para la República Argentina». 

Por su parte, el diputado Francisco «Tito» Nenna (Frente para la Victoria) señaló que el DNU «constituye un mamarracho jurídico». «Macri mostró hoy su idiosincrasia de felpudo para con las corporaciones mediáticas», expresó el dirigente de la CTA. 

En ese sentido, Nenna explicó que «Macri pretende violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que fija las garantías del juez natural, para que el foquismo judicial de Clarín se atrinchere en magistrados designados por el Pro en la Ciudad». 

«Con este decreto, el macrismo apuesta a blindar la corporación mediática con la corporación judicial», enfatizó. El diputado kirchnerista aprovechó también para aclarar que «la Ciudad no tiene jurisdicción sobre la materia regulatoria del espectro radioeléctrico o los medios de comunicación audiovisual», y deslizó que el decreto «es inconstitucional porque vulnera el artículo 31 de la Carta Magna». «Macri quiere poner a la Ciudad por encima de la Nación», concluyó. 

La diputada María Elena Naddeo opinó: «Macri defiende la libertad de prensa pegándole a los periodistas en el Borda, es contradictorio. Nunca hubo tantas ideas y críticas en los diarios. Basta de hipocresías, basta de represión». 

Por su parte,  Aníbal Ibarra sostuvo: «El proyecto de Macri sobre la libertad de expresión sólo puede tener validez si la ciudad se independiza de la Nación y forma un nuevo país. Desde la ciudad separatista de Buenos Aires, Macri pretende derogar leyes nacionales como la ley de medios y las de competencias judiciales. A Macri le importa tanto la libertad de prensa como la salud de los pacientes del Borda. Sólo busca defender privilegios de empresas de medios». 

Acorde con la tutela incondicional que requiere la libertad de expresión e imprenta (artículo 13 de San José de Costa Rica, artículo 32 de la Constitución nacional y 47 de la CN de la ciudad de Buenos Aires)», los diputados de la oposición sostuvieron y acotaron «deploramos que el camino elegido no haya sido el procedimiento regular que la Constitución de la Ciudad prevé para la leyes, hubiese sido adecuado que Macri envíe una ley y no un DNU». 

La diputada Gabriela Cerruti, por su parte, expresó: «Fueros especiales para Clarín. Esto sí es el fin de la república. Un jefe de gobierno firma un decreto para responder un rumor que nadie sabe de dónde salió».