Política

Alak destacó las políticas argentinas en la lucha contra el lavado de dinero

Durante una conferencia brindada en la universidad londinense de Cambridge, el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que "el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández le permitió a la Argentina realizar reformas normativas" y "hacer frente a los desafíos en materia de lavado".

El funcionario inauguró el 30° Simposio Internacional Anual de la Universidad de Cambridge sobre Delitos Económicos.

El funcionario inauguró el 30° Simposio Internacional Anual de la Universidad de Cambridge sobre Delitos Económicos. La prestigiosa universidad británica, que reconoció el “exitoso plan” argentino. Frente a representantes de cien naciones, el ministro expuso “las profundas reformas normativas y estructurales que le han dado al país las herramientas” para enfrentar el delito económico organizado “en forma eficaz e integral”.

De esta manera, Alak indicó que: “El liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le permitió a la Argentina realizar profundas reformas normativas y estructurales que le han dado al país las herramientas para hacer frente, en forma eficaz e integral, a los actuales desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Asimismo, destacó que ese proceso, desarrollado “con particular celeridad” y “con la participación de múltiples agencias del Gobierno y todos los poderes del Estado”, ha resultado en “la adecuación del sistema penal a los últimos avances registrados en la comunidad internacional”, y subrayó: “El valor distintivo del caso argentino es que lo hemos hecho en forma soberana, inspirados en nuestra tradición normativa, respetando los principios del ordenamiento jurídico interno y observando la plena vigencia de los derechos humanos”.

La Universidad de Cambridge señaló que el “exitoso plan” instrumentado por la Argentina le ha valido al país “el reconocimiento de la comunidad internacional”, por cuanto consideró oportuno, según consignó en la invitación cursada al gobierno nacional,  “aprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre cómo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero”.

Asimismo, destacó las políticas de Estado implementadas por la administración nacional al reconocer los “exitosos esfuerzos realizados por la República Argentina en el reciente encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que han sido aplaudidos internacionalmente”.

El simposio se lleva a cabo durante toda la semana en el Jesus College de la tradicional institución universitaria, con la participación de unos 1.600 académicos, catedráticos, legisladores, funcionarios de gobierno, diplomáticos y jueces de 100 naciones, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, Holanda, Bélgica, Australia, Irlanda, Portugal, Nigeria, Jamaica, Líbano, Egipto, Singapur, Uganda, Paquistán, Croacia, Suecia, Irak, Sri Lanka y Fiji.

En su disertación, el funcionario argentino, que estuvo acompañado por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, señaló que, en el actual contexto internacional, signado por la crisis de confianza que golpea a las instituciones financieras, los Estados deben “extremar esfuerzos en pos de la reconstrucción, sobre cimientos más sólidos, de las estructuras que se resquebrajaron en estos últimos cuatro años”, porque “las grietas abiertas a partir del año 2008 representan una oportunidad para el desarrollo del delito económico y financiero organizado trasnacional”.

“Debemos asumir que el fraude, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos representan amenazas concretas para la estabilidad de nuestras economías”, agregó, y subrayó: “Esta acuciante realidad no puede paralizarnos, sino que nos exige compromisos políticos de máximo nivel, coordinados en forma inteligente con la totalidad de los actores locales, regionales e internacionales, para hacer frente a problemas que no tienen límite en las fronteras geográficas y que, como sabemos, están sometidos a una transformación permanente”.

En ese sentido, advirtió que “el lavado de activos, que debe ser atacado conjuntamente con el financiamiento del terrorismo, constituye la modalidad del delito organizado transnacional que suscita un grado de particular preocupación a los Estados y la economía global”, por cuanto “funciona como puente transformador de los fondos ilícitos en lícitos” y representa “el canal de derivación sobre el que tarde o temprano intentan confluir todos los hechos delictivos”.

El ministro recordó que en el Informe de Evaluación Mutua realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional durante el periodo 2004/2009, el organismo efectuó observaciones y propuso una serie de recomendaciones estratégicas para la República Argentina.

“Ante esa situación –enfatizó el funcionario-, la Presidenta  asumió el liderazgo para realizar todas las transformaciones que fueran necesarias” y en el año 2011 el país presentó un Plan de Acción que, en sólo 18 meses, produjo resultados concretos de alto impacto positivo, entre ellos la reorganización del sistema antilavado en cabeza de la Unidad de Información Financiera y fortalecimiento de la reglamentación administrativa del organismo; el establecimiento de un nuevo marco normativo en materia de inspección, supervisión y sanción de los sujetos obligados y la modificación del Código Penal en materia de lavado de dinero, responsabilidad de las personas jurídicas y decomiso sin sentencia condenatoria.

También, la unificación registral a nivel nacional y readecuación  administrativa de todos los organismos de fiscalización y control; la incorporación al Código Penal de nuevas figuras en materia de delitos económicos, vinculados al sector financiero y la manipulación del mercado y la incorporación al Código Penal de un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista y retipificación del delito de financiamiento del terrorismo.

Además, la creación del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el entendimiento de que no se trata sólo de reformar los instrumentos normativos, sino de monitorear en forma permanente su implementación y eventual corrección y el establecimiento de la figura de congelamiento administrativo de activos, instituto legal hasta entonces inexistente en el ordenamiento jurídico nacional.

Alak mencionó que el Gafi “valoró positivamente” la instrumentación de estas acciones, y señaló que el reconocimiento del organismo internacional fue ratificado en la sesión plenaria de octubre de 2011 y se profundizó en las de febrero y junio de este año, y consideró que “ha llegado el momento de salir del estado de seguimiento intensivo por parte del GAFI, ya que las transformaciones que hemos realizado nos permiten hacer frente en forma eficaz e integral a los actuales desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.