La ley 27.551 fue aprobada en la Cámara Baja por amplia mayoría en noviembre de 2019; sancionada por el Senado el 11 de junio de 2020 y promulgada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 580/2020 días después de su sanción.

La norma modifica algunos artículos del Código Civil y Comercial y establece regulación, entre otros puntos, sobre el ajuste del alquiler –valor y tiempo-; el depósito en garantía y su reintegro; los plazos del contrato de locación; gastos que están a cargo del locador; la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP y tributar por ello; son algunos de los puntos neurálgicos que activó la reacción de los representantes del mercado inmobiliario.

Un sector que, tal como denuncia la Federación de Inquilinos Nacional en un comunicado difundido al cumplirse el primer aniversario de la sanción de la ley, no sólo dejó de usufructuar a niveles criminales en pandemia sino que esta situación le permitió presionar aún más sobre los valores llevándolos a límites prohibitivos por su ecuación en dólares.

Sin dudas que esta ley es “un avance vital para los casi 3 millones de hogares que dependen del alquiler para acceder a la vivienda”, como lo definen desde Inquilinos. Además, porque después de la última dictadura militar, es la primera vez que el Gobierno Nacional incide para fijar las actualizaciones de precios. Sin embargo, hay una gran falla en el control y cumplimiento de la norma y allí hay un aspecto a revisar. “Debería ser el Ministerio de Hábitat, pero no lo hace”, explica Muñoz.

Gervasio Muñoz

Incompetencia y decisión para que la ley no funcione

“Recién vuelvo de visitar un departamento en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. La intermediaria en representación de una inmobiliaria, me aclaró que el aumento anual es del 40%, lo que está fuera de cualquier marco regulatorio. Y lo que es más: el depósito en garantía es de un mes, pero al valor del tercer año. Es decir, solo se agarran de la ley para acomodar los ítems que a ellos les queda bien. Si te gusta bien, y si no, te dan a entender que hay más interesados en el lugar y hasta te apuran para que hagas la seña rápido porque hay mucha demanda.”

Es el testimonio de María, una estudiante que busca alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Como María hay miles de jóvenes y familias enteras que, aun con un trabajo fijo, no pueden llegar a fin de mes y deben someterse a un endeudamiento para pagar el alquiler. Así y todo, las condiciones las sigue imponiendo el mercado inmobiliario, y hacer cumplir la ley vigente para ponerle fin a la especulación parecería que no está dentro de los planes del Gobierno Nacional, mucho menos del de la Ciudad.

Según datos oficiales de la entidad, más de 3 millones de hogares en el país -es decir, unos 9 millones de inquilinos- dependen de un alquiler para vivir bajo un techo.

De voceros y “fracasos”

Era de esperar que ante un mínimo avance que permita equilibrar al menos un poco la cancha, los representantes de la política más liberal tomaran el rol de voceros de los intereses de rentistas, propietarios concentrados e intermediarios del mercado inmobiliario.

Juntos por el Cambio se montó sobre el tema en el marco de la campaña electoral y se comprometió a derogar la ley que, aunque no se cumpla en su totalidad, tiene una función pública y es equilibrar aquellos vacíos que aquejan a cualquier persona que debe alquilar un techo para vivir en la Argentina.

Así lo expresó María Eugenia Vidal hace menos de un mes, en un encuentro en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

Álvaro González, diputado nacional del PRO por CABA, también hizo su aporte. Sin ningún tipo de tapujos pidió que se trate un proyecto de su autoría para modificar “muy sencillamente” la ley de alquileres sobre los “dos problemas más importantes que tiene: plazo e índices por los que se actualizan los alquileres”. Lo solicitó, según sus palabras, luego de haber “recibido a todas las asociaciones que tienen que ver no solo con propietarios, colegios de martilleros y demás” que le “han hecho saber que se ha vuelto bastante engorroso el alquiler para aquellos que necesitan alquilar una vivienda y que no son propietarios”.

Javier Milei, el showman devenido en político que también votaría a favor de la derogación, cuestionaba desde un canal de televisión: “Si es un contrato entre partes, ¿por qué se debería meter el Estado?”.

Lo paradójico –a esta altura quizás no tanto- es que la revisión de la ley también encuentra consenso en las filas del oficialismo.

“Es un fracaso” sentenció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al tiempo que invitó a “discutir una nueva norma” que dé “certezas, garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país».

Hablar en nombre de quienes tienen que alquilar un techo para vivir en la Argentina, pero regular a favor de “nobles” rentistas y propietarios, es como si le diéramos las ovejas a un lobo para que las cuide.

Por su parte, Jorge Ferraresi, Ministro de Hábitat y Vivienda, dijo que “Una ley nacional para alquileres no sirve, lo que debe haber es leyes provinciales” que regulen esta actividad, confirmando la decisión de discutir un nuevo proyecto.

Otro que no se privó de opinar fue el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro: “No sé con lo que me voy a encontrar cuando vaya a mi bloque pero mi posición personal, desde mi experiencia personal, es que hay que revisar esta ley porque no ha cumplido la función que esperábamos. Fundamentalmente es un problema para los inquilinos. Hay que revisarla, corregirla y escuchar a todas las partes”.

Las declaraciones del oficialismo enardecen las expectativas del sector inmobiliario. Tal es así que miembros de Cucicba, ya están trabajando sin descanso en articulación con el gabinete de asesores de Sergio Massa sobre la nueva norma. Así lo declaró su presidenta, Marta Liotto: “Volveremos a ponernos en contacto para aportar todo de nuestra parte con el objetivo de que las modificaciones que se realicen sean realmente beneficiosas para el sector”.

La argumentación de este “fracaso” es que –ante las regulaciones implementadas- la oferta de inmuebles para alquilar se contrajo y eso desembocó en el alza de los precios que, en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo, llegan a ser en dólares. Un golpe durísimo en este tiempo para cualquier bolsillo de laburante.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires es uno de los principales lugares donde queda más nítida esta situación, las distintas localidades de nuestro interior profundo no están exentas.

En Villa La Angostura, vecinos autoconvocados presentaron ante el concejo deliberante una solicitud para regularizar el estado de los alquileres y el cumplimiento de la ley 27.551 avasallado por el alquiler turístico que arrasa con el derecho a la vivienda digna. En Salta, debido al turismo, pasa algo similar.

En Rosario, el municipio creó el programa Hoy Alquilo. La iniciativa es para inquilinos e inquilinas de la ciudad de Rosario, que podrán acceder a un crédito de hasta $60.000 con una tasa de interés del 25% a devolver en hasta 18 cuotas para alquileres o mudanza. Endeudarte para pagar el alquiler. “Obviamente 2021 es un año de retracción pero somos conscientes de que para el inicio del 2022 con la recuperación de la presencialidad plena, seguramente crecerá la demanda de alquiler en la ciudad. Frente a eso, queremos ayudar con los créditos”, dijo a medios locales el intendente Pablo Javkin. Parece un chiste, pero no.

En este sentido, Muñoz fue incisivo: “lo que fracasa, es la política de vivienda” del Gobierno Nacional. En diálogo con FutuRock, aseguró que se trata de una ley que “es demasiado para un Gobierno tan débil como éste, que no quiere confrontar con el mercado inmobiliario”.

El acceso a la vivienda es una cuestión de suma importancia como para dejarlo en manos de la especulación. Sin embargo, el que decide en la Argentina quiénes viven dignamente y quiénes no; qué se come, a qué precio y cómo se distribuye; qué ropa usas y qué servicios básicos tenes o dejas de tener por no poder pagar los aumentos, en definitiva, sigue siendo el mercado.