El Cuerpo parlamentario porteño, además de modificar la Ley 1777 , de Comunas, volvió a aprobar una ley sancionada el año pasado y vetada por Mauricio Macri, que abre la posibilidad de que un sector del predio donde está la ex Mansión Seré, en el partido bonaerense de Morón, esté destinado a la construcción de un establecimiento educativo a realizarse con recursos nacionales y dependiente de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

A instancias de un pedido de los diputados sabbatellistas, Gabriela Cerutti y Gonzalo Ruanova, los legisladores reflotaron así, en sesión ordinaria, el proyecto del 2010, que fue aprobado por unanimidad, y que contemplaba la modificación de un artículo de la ley de cesión, que data del 2006, por la cual el Gobierno de la Ciudad donó al Municipio de Morón el predio de 11 hectáreas.

El destino  exclusivo  de los terrenos fue para el funcionamiento del polideportivo «Gorki Grana», los trabajos de excavación arqueológica y la preservación del uso del espacio ocupado por la «Casa de la Memoria y la Vida».

Por lo tanto,  la posibilidad de construir una nueva escuela en la zona de Castelar sur requería del aval del Ejecutivo de la Ciudad dado que el marco legal no permitía ese destino específico, lo que derivó en el proyecto parlamentario que, no obstante, no fue acompañado por la gestión de Macri que vetó la iniciativa.

Es más, la determinación del Jefe de Gobierno porteño,  generó un repudio unánime por parte de los concejales de Morón, de los bloques Nuevo Morón–EDE, Frente para la Victoria, CC y GEN ante el freno para construir un edificio para la escuela pública N°9 de Castelar, en predios de la ex Mansión Seré.

El rechazo fue respaldado también por el intendente de Morón, Lucas Ghi; junto al Defensor del Pueblo local, Abraham Gak; la presidenta del Consejo Escolar, Raquel Lopo Tejo; y la directora de la Escuela Media N° 9, Silvia Caballero, a través de una carta dirigida al ingeniero Macri.

Con la aprobación dada en el día de ayer se espera se pueda concretar esta vez la construcción de la escuela.

Se modificaron  además,  las normas para el ejercicio del Permisos de Uso del Espacio Público, estableciendo modificaciones para el ejercicio de la actividad.

Según la impulsora de la iniciativa, la legisladora Adriana Montes de la CC «Muchas veces se ha detectado que en los puestos de venta callejera de alimentos se cobra un precio a algunas personas y otro muy diferente a otras, esto es justamente lo que queremos solucionar». “El espíritu de la norma es proteger los derechos del consumidor de no ser engañados con el precio de un producto al momento de efectuar la compra», agregó.

Por la modificatoria se incorpora la obligatoriedad de exhibir los precios de venta de los alimentos para las categorías I, II y III, de «venta de emparedados fríos, golosinas y productos de confitería, envasados en origen», «elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena» y elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con chacinados y/o cortes cárnicos», respectivamente. Además, los legisladores declararon Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría Monumento al Obelisco, emplazado en la intersección de la Av. Corrientes y la Av. 9 de Julio.

Por otra parte se convirtió en Ley  una iniciativa para reducir la velocidad máxima autorizada a los colectivos  y transportes escolares en avenidas y vías rápidas (Lugones, Cantilo y las autopistas urbanas).

 La medida era cuestionada por los empresarios del transporte y generó diversas polémicas en los últimos meses.

En el caso de las avenidas, donde la velocidad máxima para los autos es de 60, los colectivos tendrán su nuevo tope en 50. En vías rápidas, donde el límite es 100 para los particulares, el techo será 60. En cuanto a los transportes escolares, no podrán superar los 45 en avenidas y los 60 en vías rápidas.

«Es un primer paso en materia de reducción de velocidades. De esta manera nos alineamos con las políticas que vienen desarrollando los países desarrollados en materia de seguridad vial», opinó el subsecretario de Seguridad porteño, Matías MolineroCon la alarmante estadística de 96 muertos por accidentes de tránsito en la Ciudad durante 2010, el año pasado el área de Justicia de la administración macrista había propuesto reducir la velocidad máxima en las calles para todo el tránsito, incluidos los autos particulares, de 40 a 30 km/h. Sin embargo, la idea no prosperó, entre otras cosas porque desde el área de Tránsito y Transporte la rechazaron, ya que consideraron que demoraría demasiado la circulación en la Ciudad.

Finalmente, declararon sitios históricos al Instituto Félix Fernando Bernasconi y al inmueble en el que funcionó el centro clandestino de detención denominado el Garage Azopardo, sito en la calle Azopardo 650.