Los integrantes de esta cooperativa, caso paradigmático de la recuperación de una empresa quebrada, habían solicitado ayuda al defensor general, Mario Kestelboim, ante el avance en los intentos para desalojarlos del inmueble por parte de la empresa Mercoteles SA, que desde 2007 cuenta con una sentencia firme del Juzgado Comercial N°9, a cargo de Paula Hualde. 

Por otra parte, los cooperativistas también afrontan conflictos con el gobierno porteño, que nunca les concedió la habilitación para la realización de actividades económicas y sociales.

Frente a este cuadro complejo,  Kestelboim dispuso la creación de una dependencia ad-hoc para asistir al Bauen, a cargo del ex juez Roberto Andrés Gallardo, quien se desempeña como defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

De sus 25 socios fundadores en 2003, actualmente la cooperativa llegó a los 160 asociados, a pesar de lo cual nunca se pudo conseguir la tenencia legal del hotel ubicado sobre la avenida Callao.

De concretarse el desalojo, se perderían todos esos puestos de trabajo.

Entre los argumentos invocados para oponerse a esta medida, los cooperativistas aseguran que el grupo empresario que reclama el edificio “hizo usufructo del mismo desde que se benefició como titular de un crédito muy ventajoso otorgado por la dictadura militar a través del Estado, deuda que en lapso de 35 años nunca fue cancelada”.