El 24 de julio de 2012 se dio a conocer la resolución de la Inspección General de Justicia de suspender la inscripción de los Directores de Grupo Clarín Dominio S.A., controlante de Grupo Clarín S.A., en el Registro Público de Comercio. De prosperar la acción, la Justicia podría anular todo lo actuado en la última Asamblea del Grupo Clarín realizada el 26 de abril del corriente año.
La medida adoptada por la Inspección General de Justicia obedece a una denuncia presentada por ANSES el 13 de julio de 2012 en función de la irregular actuación de los controlantes de dicho Grupo.
El organismo previsional, que posee el 9 % del capital social del holding, –herencia de la participación de las AFJP– ha impugnado la Asamblea argumentando que los accionistas mayoritarios del Grupo Clarín utilizan fideicomisos o trust radicados en el exterior (no inscriptos en la Argentina) para detentar la mayoría de las acciones y conformar la voluntad social, en directa violación al orden público nacional.
La Inspección General de Justicia, dándole razón a ANSES, resolvió que la participación de dichos holding (business trust) extranjeros en la Asamblea de Grupo Clarín Dominio S.A. por la que se eligieran las autoridades, se realizó en violación abierta a la legislación nacional, ordenándose la suspensión de su inscripción y el inicio de las correspondientes acciones judiciales.
El organismo dirigido por Diego Bossio ha realizado desde el 2010 diversos planteos en relación a los manejos poco claros por parte de dicha sociedad, en incumplimiento de las leyes argentinas. La primera de dichas acciones se realizó ante la Justicia el 16 de julio de 2010, radicándose en el Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 17.
La segunda se realizó el 15 de julio de 2011, solicitando la declaración de nulidad de todas las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y en las Asambleas Especiales celebradas ese año.
De esta manera, ANSES impugnó judicialmente las últimas tres asambleas celebradas por el Grupo Clarín, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, buscando anular las decisiones adoptadas en cada una de ellas. Al día de la fecha, todavía se encuentran pendientes de resolución judicial.
