La marcha es convocada por casi 30 organizaciones sociales, y entre sus consignas figuran el reclamo de una nueva Constitución (vía Asamblea Constituyente), la autodeterminación de los pueblos indígenas, educación gratuita y de calidad y el matrimonio igualitario con adopción de hijos. El pliego de reividicaciones incluye además el aborto terapéutico y la posibilidad de voto para los chilenos residentes en el extranjero, entre otros puntos. En su sitio de internet, los organizadores se identifican como «estudiantes, ecologistas, animalistas, indígenas, inmigrantes, mujeres, cannábicos, ateos, trabajadores, personas con capacidades diferentes, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales», unidos por «la igualdad, la justicia y la democracia». Quienes no participarán de la manifestación son los alumnos enrolados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que en un comunicado señaló que «nunca estuvo dentro de los convocantes». La marcha «fue organizada durante el verano y cuando recién están comenzando las clases en las universidades, lo que hacía muy difícil realizar un proceso de consulta democrático a los estudiantes para decidir si se participaba en ella y cómo», explicó la organización, que dio libertad de acción a sus federaciones. El Partido Comunista, en tanto, parte de la Nueva Mayoría que asumió el gobierno el 11 de marzo, decidió no apoyar institucionalmente la marcha, pero sí dejar en libertad de acción a sus autoridades y parlamentarios. Entre los diputados que se sumarían a la marcha están Karol Cariola y Daniel Núñez, quien expresó que veía en la marcha «una expresión ciudadana y pensamos que buena parte de las demandas están contempladas en el programa de gobierno». La presencia de la diputada Camila Vallejo todavía está en duda, aunque sus allegados no descartan que llegue a la marcha. Uno de los voceros de la movilización, el ecologista Patricio Rodrigo, expresó que «todo va a depender de cómo conduce la política este gobierno para saber cómo se van a comportar los movimientos sociales». El gobierno autorizó la marcha, que se hará desde las 14 con inicio en la tradicional y céntrica Plaza Italia de Santiago, lugar emblemático de reunión popular. La semana pasada, cuando fue consultada por la convocatoria, la presidenta Bachelet expresó que entendía a la marcha como «una fiesta, una celebración» y no como «una amenaza».