El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) encomendó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que dé cumplimiento de la Resolución 1255/987, con el objetivo de elaborar una nómina del personal docente de esta casa de estudios que hubiese desempeñado cargos jerárquicos durante la última dictadura cívico-militar.

Mediante esta iniciativa se intentará establecer un listado de aquellas personas involucradas como autores “partícipes necesarios o que hubiesen prestado consentimiento necesario para la ejecución de cesantías del personal docente y no docente, así como expulsiones de estudiantes de la UNT sin sumario previo o administrativo sin expresión de causa”; tal como lo prevé la mencionada Resolución en su artículo 2, previo a la sustanciación del juicio académico.

El Consejo Superior reafirmó, una vez más “el compromiso histórico de la Universidad Nacional de Tucumán con la defensa de los Derechos Humanos, y la revisión de lo acontecido en su seno durante la dictadura militar”.

El texto aprobado señala: “Dicho compromiso debe entenderse en armonía con el estricto respeto de las garantías constitucionales, al debido proceso y a la preservación de la presunción de inocencia de los profesores denunciados -Bernardo Carlino y Miguel Marcotullio- y de todos los miembros de la comunidad universitaria, mientras una decisión en contrario no lo desvirtúe”.

El debate se inició la semana pasada a partir de la denuncia presentada por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, quien solicitó el juicio académico contra Carlino y Marcotulio.

Es por ello que decidió girar las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento de la Resolución 1255/987 y, “eventual y oportunamente por intermedio de este HCS a los Consejos Directivos de las respectivas facultades”.

Construir memoria

Entre los considerandos del texto resolutivo, el HCS destacó que “la importancia del tema exige un renovado compromiso por parte de la Universidad, como ámbito de construcción de saberes, de dar cuenta a la comunidad de la existencia de situaciones alcanzadas en los artículos 1 y 2 (Resolución 1255/987), como exigencia para construir Memoria en Democracia”. A su vez, agregó que “el deber de investigar se fortalece a partir de la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados de Derechos Humanos que nos rigen”.