Los legisladores porteños María Elena Naddeo, Frente Progresista y Popular y Francisco «Tito» Nena, Frente para la Victoria, solicitaron que el Ministerio de Educación de la Ciudad suspenda el cumplimiento de un decreto del año 97 que establece el número mínimo de alumnos por curso en las escuelas secundarias debe ser de 20 alumnos. Los legisladores solicitaron que en lugar de cerrar o unir cursos con menos de 20 alumnos se impulsen alternativas para aumentar el número de adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. La decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de controlar el cumplimiento del decreto 1990 del año 97 que establece un piso de alumnos por curso, poniendo como límite mínimo una matrícula de 20 alumnos, motivó el estado de alerta del gremio UTE el cual anunció una movilización a la cartera educativa el próximo 1º de marzo Ambos legisladores piden además que se “acelere los pasos necesarios para la concreción del proceso de titularización de las horas cátedra y cargos votado recientemente por este cuerpo legislativo». En el pedido, solicitaron que el Ministerio de Educación frente a la reducción de la matrícula en algunas escuelas secundarias, realice un estudio pormenorizado de las causas de desgranamiento o abandono escolar a fin de encontrar alternativas para aumentar la inclusión educativa de adolescentes y jóvenes en la Ciudad. “Esta decisión política emanada de autoridades superiores del Ministerio de Educación llevó a los supervisores del área a recorrer las escuelas secundarias proponiendo el cierre y fusión de aquellos cursos con menos de 20 alumnos por aula, generando la consternación y el lógico malestar de toda la comunidad”, plantearon los legisladores en un pedido de informes que presentaron. “Las escuelas afectadas por baja matricula con cursos de menos de 20 alumnos, particularmente en la franjas horarias nocturnas y vespertinas o del turno de la tarde, albergan en su población estudiantil, adolescentes y jóvenes de muy diversas experiencias educativas y procedencias sociales, coincidiendo muchas veces los índices de vulnerabilidad social con mayores porcentajes de repitencia”, dijeron. Por último, Naddeo y Nenna resaltaron que «la decisión del Ministerio de Educación de poner en marcha el ya varias veces cuestionado decreto del año 1997 para fusionar cursos, va en sentido contrario a todas las recomendaciones y principios de política educacional modernos». «No se trata solamente de la pérdida de la fuente de trabajo de numerosos docentes interinos y suplentes, se trata de una definición conceptual del diseño de las políticas públicas en las áreas sociales y particularmente del derecho a la educación de esta franja etaria de la población”, agregaron.