Los padres reclamaban soluciones como por ejemplo que sus hijos concurran a escuelas en la cercanía de sus domicilios o que el hermano menor de un alumno pueda concurrir a la misma escuela, entre otras tantas.
Esta incertidumbre acarreó que en la puerta de las escuelas los padres se aglutinaran buscando una solución a su problema, situación que no pudo solucionarse en ese ámbito
Los mayores inconvenientes se registraron en escuelas de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, según denunció la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) que realizó 48 horas de paro para repudiar el mecanismo de inscripción del gobierno porteño.
La Multisectorial «Ningún niño/a sin vacante» propuso a las escuelas la lectura de un documento en el que se señala que «el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha tenido la más mínima intención de subsanar los inconvenientes».
El escrito señala que el problema «deriva en la expulsión de gran cantidad de niños, niñas y jóvenes hacia las escuelas privadas, y en la expulsión lisa y llana del sistema educativo de los chicos que provienen de familias que no cuentan con los recursos para pagar escuelas privadas».
Ante esta situación, la multisectorial manifestó su rechazo «a las aulas containers, y a las aulas pasillo, las construcciones en seco» y reclamó «la puesta a disposición de edificios ociosos y/o el alquiler de edificios para el ciclo lectivo 2014, para ser utilizados como establecimientos educativos».
Los padres que integran ese grupo, propusieron «la construcción urgente de jardines y escuelas, y la prosecución y finalización inmediata de las obras ya iniciadas», entre otras cuestiones.
En el marco del conflicto generado por el fallido sistema de inscripción on line, ayer el juez en lo contencioso administrativo porteño Guillermo Scheibler dictó una medida cautelar que exige al gobierno porteño la asignación de vacantes a siete niños.
El juez dio un plazo de tres días al gobierno porteño para tramitar la asignación de vacantes a raíz de un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), informó el gremio.
En su fallo, el juez Sheibler hizo hincapié en que la educación en la Argentina es «obligatoria desde los 5 hasta los 13 años» y que ello «no exime al Estado de la Ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad indelegable que le impone la Constitución de asegurar y financiar la educación pública, laica y gratuita desde los 45 días de vida».
Precisa además que si bien el gobierno porteño «puede aplicar las normas que le competen como órgano ejecutivo, debe ajustarse siempre a las normas internacionales, legales o supralegales existentes en pos del interés superior del niño».