El tribunal estará integrado por los jueces Fátima Ruiz López (Presidente), Daniel Morín y Federico Díaz. Además de la militancia de los organismos de derechos humanos, sociales, políticos, acudirán de las provincias del NOA y del Ministerio Publico Fiscal. La fiscalía estará a cargo de Francisco Snopek y Pablo Pelazzo, los abogados querellantes serán: Paula Alvarez Carreras, Maria José Castillo, Ariel Ruarte, Juan Manuel Sivila (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación), Liliana Molinari y Martín Patiño del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos.

Se centrará en la desaparición, asesinatos y torturas de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torrez, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk Llapur.

Los imputados Luciano Benjamín Menéndez, que será apartado de la causa ya que está siendo juzgado en otras provincias, Antonio Vargas, interventor del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti (condenado a 25 años de prisión en el primer juicio) y que lo seguirá por videoconferencias desde el Penal de Ezeiza, ahora imputado por privación ilegítima de la libertad y tortura; y los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Gutierrez.

Estarán en el banquillo los responsables del Penal de Villa Gorriti, que al igual que el resto de las cárceles del país en la dictadura, se convirtieron en centros clandestinos de detención.