La construcción de un nuevo establecimiento penitenciario federal en la provincia de Salta, que será emplazado en un predio de 40 hectáreas localizadas en las proximidades del juzgado federal de Orán y contará con 500 plazas de alojamiento, fue confirmada hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en una reunión que mantuvo en la sede de esta cartera con los legisladores nacionales de esa provincia Cristina Fiore, Rodolfo Urtubey y Pablo Kosiner.
Al respecto, Alak precisó que el penal de Orán servirá para “evitar el traslado de internos, agilizar las causas judiciales y optimizar las condiciones de infraestructura carcelaria en la provincia”.
“Es otro sustancial aporte a la mejora del servicio, que se agrega al penal de General Güemes habilitado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en julio de 2011, que fue construido con capacidad para casi 500 internos y una inversión superior a los 75 millones de pesos”, subrayó Alak.
El ministro estuvo en el encuentro acompañado por los subsecretarios de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi, y de Política Criminal, Juan Martín Mena, y por el titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco.
Durante el encuentro, los senadores Fiore y Urtubey y el diputado Kosiner informaron que una empresa local cedió el predio para la construcción del establecimiento; en tanto que el ministro Alak confirmó que la próxima semana profesionales y técnicos del Servicio Penitenciario recorrerán el lugar para comenzar a diseñar el proyecto.
Las nuevas instalaciones seguirán el modelo internacional que rige en materia penitenciaria, que procura condiciones de detención basadas en una concepción humanitaria de la arquitectura carcelaria según el standard de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que favorece condiciones de intimidad, seguridad y baja conflictividad.
Esos nuevos estándares en materia de infraestructura carcelaria parten, en la concepción de sus proyectos, de las Reglas Mínimas para Tratamiento de los Reclusos de la ONU y de la Ley Nacional de Ejecución de la Penas Privativas de la Libertad, que proponen construir edificios de diseño seguro para los internos, para el personal y para la comunidad en su conjunto.
