Sociedad

La Corte pidió explicaciones por presuntas anomalías en el Riachuelo

De esta manera el máximo tribunal le dio un plazo de cinco días al juez Armella para que brinde explicaciones a raíz de un artículo periodístico que lo vincula con empresas a las que se le asignan multimillonarias obras para el saneamiento del Riachuelo.

Piden que se esclarece el tema del Riachuelo.

La Corte Suprema de la Nación fijó un plazo de cinco días al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para que informe y brinde explicaciones a raíz de un artículo periodístico que lo vincula con empresas a las que se le asignan multimillonarias obras para el saneamiento del Riachuelo.

Además, la Corte decidió dar intervención a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que «dentro de la brevedad posible» realice una investigación y se expida sobre las anomalías que la nota «Nieblas del Riachuelo», publicada en Página/12 le atribuyó el domingo pasado al juez.

La fuente agregó que «sólo la complejidad del expediente» impidió que lograra adherentes la idea de un ministro de la Corte que esta mañana propuso suspender a Armella en el trámite de la causa que lo tiene como juez de ejecución del fallo del máximo tribunal del 8 de julio de 2008.

«No podemos ignorar estas cosas y quedarnos con la incertidumbre» y, por eso, «es necesario que (el juez) explique e informe», marcó uno de los jueces de la Corte, quien afirmó que Armella «hasta ahora llevó muy bien la causa y nunca tuvimos ninguna queja».

Armella «debe dar una explicación detallada» sobre los vínculos que el periodista Horacio Verbitsky afirmó que tiene con empresas que, por razones de urgencia, son contratadas de manera directa para ocuparse de obras de «centenares de millones de pesos».

El artículo, sostiene que el magistrado clausuró empresas competidoras de aquellas en las que ubicó a parientes y amigos.

Basado en el plan para el saneamiento de la cuenca realizado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (ACUMAR), integrada por los gobiernos de la Nación, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, junto con catorce municipios del conurbano, el juez intimó a realizar obras en plazos perentorios, bajo apercibimientos de «graves sanciones», denunció la nota periodística.

Esta cuestión habría permitido a ACUMAR eludir la licitación y que las obras sean encomendadas a empresas «próximas al juez que las ordena», a precios que «hasta duplican los de mercado».