El gobierno de Mauricio Macri había sido autorizado a comprar las armas de electrochoque tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño, emitido el 17 de marzo. Esa sentencia fue apelada esta mañana mediante un recurso extraordinario presentado por el Observatorio de Derechos Humanos con el patrocinio de la Defensoría General de la ciudad. En 36 paginas, el escrito denuncia que en el fallo del TSJ “existe una ausencia del tratamiento de la cuestión de fondo discutida: si las armas Taser son o no dispositivos de tortura».

Para autorizar la comprar las armas de electrochoque, el tribunal adujo cuestiones procesales. Sostiene que no había un «caso» para tratar; que el demandante e impulsor de la denuncia, Carlos Pisonino, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, carecía de legitimación para actuar; y que no se podía presuponer que la Metropolitana usaría las armas sin un protocolo determinado.

“El TSJ se equivoca cuando dice que el uso de las Taser puede ser regulado por protocolo, cuando sabemos que tiene un potencial daño efectivo sobre grupos vulnerables, como las personas que padecen adicciones o consumen psicofármacos. Yo no creo que un efectivo policial pueda distinguir a estas personas, no le van a pedir la historia clínica antes de aplicar la pistola”, dijo a Infojus Noticias Luis Duacastella, Defensor General Adjunto en lo Penal y uno de los firmantes del recurso presentado hoy en conferencia de prensa.

«Cuando el gobierno porteño quiso comprar las Taser, incluía en el mismo pedido la adquisición 20 fusiles tácticos tipo Swat, que si fueron comprados. Esos fusiles, en vez de ser usados en tomas de rehenes, por ejemplo, se utilizaron en la represión del desalojo del Borda -contó Duacastella. Entonces el protocolo no me garantiza nada, en la historia de una policía que en lugar de ser la más joven y democrática fue la más represiva de Buenos Aires”.