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SANTIAGO DEL ESTERO

Delitos de lesa humanidad: ocho condenados y dos absueltos

El ex jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar, y el subjefe de tal dependencia, Miguel Tomás Garbi, fueron condenados a prisión perpetua por aberrantes delitos. En tanto, otros 6 represores recibieron penas más bajas, lo que generó el descontento de familiares y militantes de organizaciones de derechos humanos. El Tribunal anunció que ahora investigan a un cura y civiles.

La pena más dura fue para el ex jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar, quien nuevamente fue condenado a prisión perpetua y recibió una orden de traslado inmediato a la cárcel federal de Pinto.

En el marco de la denominada Megacausa II, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, presidido por María Alicia Noli e integrado por Graciela Fernández Vecino y Luis Imas, dio el veredicto contra los diez acusados por delitos de lesa humanidad en esa provincia. 

La pena más dura fue para el ex jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar, quien nuevamente fue condenado a prisión perpetua y recibió una orden de traslado inmediato a la cárcel federal de Pinto. El represor fue encontrado culpable del asesinato de la empleada doméstica Consolación Carrizo y tormentos en perjuicio de 31 personas. 

Además, el tribunal condenó a 25 años de prisión al ex comisario Miguel Tomás Garbi, subjefe de la Dirección de Informaciones Policiales (DIP). Al ex funcionario también se lo encontró responsable de los delitos de violación sexual calificada en perjuicio de una ex presa política, secuestros y tormentos. 

En tanto, Ramiro López fue condenado a 14 de cárcel por el violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada.

Por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, se le impusieron penas a  Francisco Laitán, Juan Bustamante yJorge D’Amico; de 8, 6 y 4, respectivamente.

Penas de entre dos y tres años, recibieron Marta Cejas, por ser partícipe secundaria de los tormentos agravados por la condición de detenido político, y Pedro Ledesma por violación de domicilio.

Finalmente, Carlos Brao y José Capella fueron absueltos. 

En la denominada “Megacausa II” también se encontraba imputado el ex policía santiagueño Roberto “Sifón” Díaz, que hace varios años permanece prófugo de la justicia y por el que se ofrece una recompensa de 150.000 pesos. 

En otro pasaje de la lectura de la sentencia, el Tribunal Oral Federal remitió copias de actuaciones en las que las víctimas de la represión que prestaron testimonio en la sala mencionaron a la ex gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez, a los ex jueces Arturo Liendo Roca, Santiago Olmedo, la secretaria Lorna Hernández, el cura párroco Carlos Marozzi y el ex militar Hugo Badecich, entre otros. Así, se dio a conocer que la investigación continúa teniendo ahora nuevos sospechados civiles y eclesiásticos.

 

Un clima de disconformidad

A las 18.07 de ayer, el Tribunal comenzó a dar lectura de las sentencias por delitos de lesa humanidad, mientras que los acusados permanecían con sus familiares en una sala contigua, siguiendo el fallo a través de un sistema de videoconferencias. 

Si bien una vez finalizado el veredicto condenados e integrantes de derechos humanos y querellas se retiraron del recinto, en el aire se podía percibir que las sentencias no dejaron conformes a los interesados.  

Frente al edificio del Juzgado Federal de Santiago del Estero más de un centenar de dirigentes y militantes de organizaciones de derechos humanos, expresaron con cánticos su disconformidad por “las bajas condenas” aplicadas a los represores santiagueños.

Los abogados de las querellas y representantes legales de víctimas de la última dictadura militar, coincidieron en señalar que “las penas aplicadas fueron bajas comparado con los delitos de lesa humanidad, aunque se logró la condena de 8 de los 10 represores que llegaron a juicio”.

En tanto, mostraron su beneplácito por el rechazo de prisión domiciliaria y el traslado de Musa Azar a una cárcel común, tras permanecer desde hace más de 9 años, alojado en distintos centros asistenciales de salud públicos y privados.