Lo que encuentran en el denominado Centro de Inclusión BAP Costanera Sur, al que ingresan a través del plan Buenos Aires Presente, es apenas un colchón.

A pesar de diversos reclamos que  llegaron a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social (ámbito de competencia en el cual se encuentra el parador), no hubo respuesta alguna.

Por tal motivo, la Asesoría General Tutelar de la Ciudad presentó una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo para que el gobierno porteño revierta de manera urgente el “cuadro de desidia” que sufre el único parador para familias en situación de calle de la ciudad, ubicado en Costanera Sur, reabierto en 2009 por la gestión macrista

El organismo que defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes denuncia que la falta de soluciones crea refugiados crónicos.

En distintos informes, sindican  la falta de infraestructura adecuada por la falta de  baños para los menores, una asistencia que no plantea instancias superadoras a quien no tiene un techo, y la desatención de cuestiones básicas como la salud.

En su presentación judicial la Asesoría exige que el gobierno porteño “cese en su actitud discriminatoria” ante quienes asisten a ese centro, ubicado en España 2265, ya que la institución no les brinda “condiciones de funcionamiento dignas, seguras y adecuadas”.

Por otra parte,  critica la falta de medidas para que el alojamiento de las familias “dure el menor tiempo posible”, y accedan a “egresos sustentables” en materia habitacional.

Tras varias visitas de control,  la AGT enumera múltiples deficiencias. “Falta de botiquín y productos de primeros auxilios”, mala calidad de la comida provista y falta de entrega de viandas especiales para niños con bajo peso y otros problemas de salud, falta de ropa de cama, toallas y pañales, escasez de baños (para 70 mujeres hay dos duchas y dos inodoros, porque otros cuatro sanitarios están rotos) y pésimas condiciones de limpieza en habitaciones y baños, donde se detecta la presencia de cucarachas”. La asesora tutelar Mabel López Oliva, cansada de realizar intimaciones al subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, y de no obtener respuestas, optó por recurrir a la  instancia judicial. Frente al  actual cuadro de “desidia”, la Asesoría pidió que el Ejecutivo porteño “diseñe, presente y ejecute un plan de obras en tiempo urgente”. Particularmente requiere que se construyan baños para ser utilizados por niñas y niños a fin de proteger “su derecho a la salud y la intimidad”, ya que hoy lo comparten con los adultos. A estas demandas, se suma la necesidad de que “se garantice el personal suficiente y debidamente capacitado” como por  ejemplo, se  designe un médico que preste servicio de manera permanente en el horario de funcionamiento del parador. En otro tramo de la presentación, Asesoría señala  que es “inaceptable” que no se coordinen tareas entre los trabajadores del parador y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes ni con otras áreas de Desarrollo Social a fin de orientarlas en torno de cuestiones educativas, de vivienda y sociales.

Para la funcionaria de la AGT, el “circuito perverso” que genera la política llevada adelante en este centro tiene varias causales. “No brinda oferta para superar la situación de calle, y muchos se quedan por un tiempo prolongado. Otros no aguantan el régimen institucional que allí les plantean:horarios para entrar, salir, comer, bañarse y deciden irse y seguir en la calle”.

“Están los que consiguen algún subsidio habitacional, pero cuando se les agota ese recurso regresan al parador.” Lo que le queda claro a la funcionaria de la AGT es que en ningún caso se intenta dar solución al “problema de fondo que es la pobreza y falta de vivienda”. Por lo que, entendió, estas personas en situación de vulnerabilidad “parecen ser seres invisibles” a los ojos de los funcionarios. Tras relatar las sucesivas observaciones realizadas desde la reapertura del parador, la AGT concluyó: “El funcionamiento del Centro Costanera Sur da cuenta de la sistemática omisión del GCBA en materia de protección prioritaria de los niños y niñas”.

 Por ello, la acción de amparo solicita entre sus puntos esenciales que “en el plazo de diez días se elabore y se presente un protocolo de funcionamiento en la cual se contemplen mecanismos de orientación, atención y/o derivación articulada a los programas del Gobierno de la Ciudad para efectivizar los egresos del Centro en un plazo breve y con respuestas adecuadas, sostenibles y de mayor grado de protección respecto del derecho a la vivienda, respetando al mismo tiempo la convivencia familiar”. Se hizo hincapié en que “lo solicitado se realice sin generar ningún retroceso o efecto regresivo para los niños, niñas y adolescentes alojados actualmente o potencialmente residentes allí”.Como medida cautelar, se pidió que en plazos de cinco a diez días se proceda a desratizar y fumigar el lugar -estableciendo a su vez un cronograma de fumigación que no supere los veinte días- que se realicen las reparaciones que se requieren de carácter urgente fundamentalmente en baños, y que se efectúe una limpieza completa.

Además, en los plazos que estime la autoridad judicial interviniente, se solicitaque se nombre a un interventor informante con el objeto de controlar el estricto cumplimiento de la medida cautelar dispuesta.