Ante las amenazas del sector gremial, que conduce Hugo y Pablo Moyano, en profundizar las medidas a otros servicios en Córdoba se dictó la conciliación obligatoria por quince días.

La medida fue anunciada a pocos días de que el gobernador cordobés José Manuel De la Sora y Hugo Moyano encabecen un encuentro de dirigentes del PJ disidente, y luego de que el propio González sostuviera ante los medios que el gobierno «no convocaba a la conciliación obligatoria», pero que «trabajó intensamente con los dueños de supermercados y con los representantes del gremio».

En ese marco González precisó que las partes serán notificadas del instrumento conciliatorio, el cual “obliga” a las partes a “cesar” las medidas de fuerzas y también “impide” la aplicación de nuevas acciones.

Al difundirse la decisión, el diputado nacional cordobés del FpV, Fabián Francioni, sostuvo que el dictado de la conciliación «es lo que De la Sota tenía que haber hecho hace una semana”.

“De la Sota especuló, quiso esconder el problema pero tuvo que hacerse cargo y actuar”, consideró el legislador nacional y añadió que el mandatario cordobés “se burló de los cordobeses al poner por encima de la población su interés político de proyectarse a nivel nacional en alianza con Hugo Moyano”.

“Lo que primero fue una broma, se volvió en su contra”, sostuvo Francioni el recordar el Twitter que publicó el 27 de marzo De la Sota donde decía que “No hay Supermercados bloqueados. Los Fiscales y la Policía garantizaron el orden. Los compañeros del Sindicato de Camioneros colaboraron” para evitar las medidas de fuerza.

Lo cierto es que, a 8 días del inicio del bloqueo por parte del Sindicato de Camioneros a una cadena de cuatro supermercados locales (Almacor, Buenos Días, Cordiez y Mariano Max) por un conflicto intergremial con los mercantiles, ahora el gobierno asume su incumbencia.

“La conciliación obligatoria es por 15 días y de aplicación inmediata, con posibilidades de ampliar el plazo” si es necesario, manifestó el funcionario al anunciar la medida oficial provincial.

Asimismo detalló que entre hoy y mañana se va a notificar a las partes, lo que significa que se debe “volver al estado inicial antes del conflicto”.

González especificó que la decisión de convocar a las partes se resolvió debido que “en las últimas horas tomó cuerpo algunas declaraciones de dirigentes desde el Sindicato de Camioneros que indican que se ampliarían las medidas de fuerza, no ya a los cuatro supermercados, sino a una serie de servicios esenciales para la población, lo que generaría una alteración importante del orden social”.

El funcionario aludió a las declaraciones del secretario gremial del Sindicato de Camioneros de Córdoba, Horacio García, adelantando que “si no hay respuestas a nuestros reclamos, el miércoles podría definirse un paro total de los transportistas de Caudales, combustibles, residuos, correo privado y mudanzas”.

Las negociaciones estarán a cargo del Ministerio de Trabajo, a cargo de Omar Dragún, no obstante González aclaró que lo que el Gobierno provincial va a tratar de mediar para acercar un acuerdo entre las partes, porque “la conciliación obligatoria no va a resolver el problema de fondo, es decir no va a resolver sobre el encuadramiento sindical”.

La disputa sobre el encuadramiento sindical es “competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo de la Nación”, sostuvo el funcionario provincial.

Sin embargo, esta noche el ministro Carlos Tomada dejó en claro que la cartera nacional «ya actuó» en relación al conflicto.

Las partes aún no se expidieron sobre el instrumento dictado por el Gobierno provincial, argumentando en los tres casos que aún no recibieron la notificación para analizar los alcances.

El Sindicato de Camioneros, encabezado por el secretario adjunto Pablo Moyano, reclama que unos 300 empleados de los centros de distribución de las cuatro cadenas supermercadistas locales de de Almacor, Buenos Días, Cordiez y Mariano Max, queden encuadrado bajo el convenio laboral de la rama logística de los camioneros.

Sobre el conflicto, el Ministerio de Trabajo, al resolver un laudo, dispuso que los transportistas que cumplen tareas en los supermercados pertenecen a la actividad comercial y, por lo tanto, el sindicato al que deben pertenecer es el de la Asociación de Empleados de Comercio (Aec) encuadrados dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, y no al Sindicato de Camioneros.