«El veto es desconocer el ámbito democrático legislativo donde se respetó el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que dice que en caso de violación o cuando hay riesgos para la salud, la mujer puede acceder a un aborto no punible», dijo Dora Martínez, secretaria gremial de CTA Capital e integrante del equipo de género de la organización a nivel nacional.

La dirigente precisó que con el veto «Macri desconoce autoritariamente ese derecho de las mujeres» y veta la ley «respondiendo a una lógica de pensamiento muy asociada a las presiones de la Iglesia Católica».

Denunció que de este modo «Macri favorece el negocio del capital privado de la salud porque los abortos, aunque Macri los quiera desconocer, se hacen y de a miles, y un aborto sin riesgo cuesta en consultorios privados por arriba de 5.000 pesos».

En contraste con esos abortos que se realizan a costos elevados y a los que acceden las mujeres que pueden pagarlo, «está el mayor impacto de este veto que es sobre las mujeres de menos recursos y las más jovencitas» que, o se lo hacen en condiciones de alto riesgo a valores más bajos, o no se lo hacen y cargan con otro tipo de riesgos y traumas, aseguró Martínez.

Por su parte, Alex Freire, titular de la Fundación Buenos Aires Sida y co-director del Instituto de Hombres contra el Machismo, consideró que «nuevamente Macri mostró la hilacha de cómo es como gobernante».

«Es lo mismo que lo que ocurrió con mi casamiento porque logró la interrupción de nuestro derecho», sostuvo en relación a su matrimonio igualitario, el primero en la Argentina que no pudo realizarse en la Ciudad de Buenos Aires y se concretó en Ushuaia.

Precisó que con la misma metodología «nos hizo una demanda penal por habernos casado, y le pidió a la justicia de Ushuaia que anule el casamiento y como no lo logró hizo una demanda en Buenos Aires por el delito de desobediencia, que por supuesto perdió».

En este sentido, dijo que «vulnera de nuevo los derechos de los ciudadanos que, en este caso es un 

No obstante, Freire vaticinó que «por suerte ese tipo de actitudes tiene los días contados, es un derecho que se va a conquistar, tanto la legalización del aborto como la despenalización de las drogas para uso personal; son derechos que vamos a conquistar muy pronto».

En tanto, Manuela Castiñeira, de la organización Las Rojas, del Nuevo Mas, dijo que la medida que adoptó Macri «es un veto contra las mujeres, que no es sorpresa pero que demuestra que los abortos no punibles son un terreno de disputa permanente».

«Ese terreno de disputa es con los sectores de la Iglesia que son los que están interviniendo» aseguró, tras reafirmar la necesidad de «separar la Iglesia del Estado».

Por este motivo, «se hace cada vez más necesaria una ley nacional de derecho al aborto legal, libre y gratuito», destacó.

Para Mabel Bianco, de la Fundación de Estudios Integrales para la Mujer (Feim), «se necesita tener acceso a los abortos no punibles según la acordada de la Corte Suprema de Justicia».

Explicó que «el protocolo que queda vigente, llamado protocolo Lemus, no permite cumplir con la interpretación que hizo la Corte del artículo 86 inciso 2 y por lo tanto va a seguir habiendo conflictos».

En tanto, Romina Amor, integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias contra las Mujeres, dijo que el veto es «lamentable, Macri volvió a darle la espalda a este derecho básico de las mujeres, de integridad y dignidad».

Aseguró que con esta medida «la mujer es revictimizada», primero por quien la violó y después por «el gobierno; porque ni siquiera es el Estado, es Macri el que decidió».

Amor dijo que «el tema debe ser tomado por el Estado y reglamentarse en todo el país, que no exista la posibilidad de que alguien con el dedo decida sobre nuestros cuerpos». derecho de las mujeres consagrado en el Código Penal, y lo vulnera respondiendo a sus socios y cómplices, aquellos a los que les contó recientemente que una joven violada iba a hacerse un aborto en un hospital porteño».