En ese sentido, el legislador Eduardo Epszteyn denunció al Gobierno de la Ciudad por no reglamentar las modificaciones a la Ley 3.562 que aumenta las inspecciones a las obras. «La Ley 3.562 les manda a hacer tres inspecciones. Una en la demolición y otras dos en la excavación. Si hubieran ido cuando estaba el pozo abierto a verificar efectivamente cómo se estaban haciendo las cosas, se podría haber detectado el problema bastante tiempo antes», explicó el legislador, quien creó la norma que fue sancionada en la Legislatura el 26 de septiembre de 2010 y aún no se puso en práctica por el Ejecutivo porteño. Por su parte, el arquitecto Rodolfo Livingston, explicó que hay «derrumbes, en general, cuando hay un interés económico, en lugar de social. Cuando se quiere amortizar los costos y hacen las torres sin importar las condiciones del barrio». «Acá no hay una cultura de la prevención. Se cree que es de maricón prevenir. Es una cuestión de costumbre», agregó el profesional y concluyó: «Las excavaciones, son muy peligrosas, si no se hacen como corresponde. Sobretodo, al lado de un edificio viejo, como el que se derrumbó». En igual sentido, Eva Rodríguez, presidenta de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores, aseguró: «Entendemos que es necesario verificar en toda instancia. No sólo la documentación. Hay que estar en el lugar de la obra». «Nosotros veníamos alertando de irregularidades en obras, antes del gimnasio de Villa Urquiza, en ese momento, nuestras inquietudes fuero recibidas por la Legislatura, luego de este hecho se sanciona la ley para regular la actividad. A esta ley le falta d reglamentación del Ejecutivo de la ciudad», indicó. También el legislador porteño, Martín Hourest, manifestó: «Hay que trabajar sobre la prevención. Ya han muerto muchas personas, entre trabajadores de la construcción y otras personas no relacionadas con la actividad. Esto no es porque falten leyes, porque la Legislatura ha votado por unanimidad, la ley que regula, aún más, la actividad de la construcción». El defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, expresó: «Hay que ver si el Estado tenía reconocimiento de esta obra, hay que ver la responsabilidad que tiene el arquitecto. La matricula lo que dice es que el profesional tiene la idoneidad y la responsabilidad de no generar perjuicios. Ese sello tiene la capacidad para hacer obras». Por su parte, el abogado Eduardo Barcesat indicó que «la impresión es como siempre la falta de custodia de la cosa pública, por parte de aquellos que deben hacerlo, en este caso el GCBA». «Se deben limitar los apetitos especulativos, que por buscar un metro más de construcción, hacen cualquier cosa», agregó. «Poco se puede esperar del Estado de la ciudad que responda y ayude a los damnificados. Deben hacer la denuncia correspondiente, por los daños, por el lucro cesante y por el hecho traumático», concluyó Barcesat.