Horas después de que la Policía Metropolitana desalojara un predio de Lugano que había sido ocupado en la intersección de Zuviría y José León Suárez, el Ministerio Público Fiscal elevó una solicitud para liberar el predio de Fernández de la Cruz y Pola, tomado la una semana. 

Este caso quedó ahora en manos de la jueza Iñíguez, que retornó a su cargo luego de ser subrogada por Vega.

El magistrado que llevó el caso la semana pasada explicó que su pedido de desalojo quedó en suspenso por una resolución de la Cámara. Ocurre que existe una acordada que indica que no se pueden ejecutar este tipo de órdenes hasta tanto se resuelven las apelaciones.

Los defensores oficiales de la Ciudad recurrieron la semana pasada la decisión de Vega de ordenarle a la Policía Metropolitana el desalojo y es por eso que continúan llegando familias ante la mirada impasible de las fuerzas de seguridad, que tienen una presencia meramente testimonial. 

Lo que el lunes pasado eran dos o tres carpas, esta semana ya se transformó en un pequeño asentamiento de casas humildes con techos a dos aguas, paredes laterales. 

Además, la mayoría de las casillas cuenta con energía eléctrica porque se bajaron varias líneas de la red pública de iluminación. 

A veinte cuadras de allí, otro grupo de personas ocupó durante la madrugada un predio lindero a viviendas sociales que ya fueron entregadas. En este caso, la Policía Metropolitana actuó de oficio –con el aval de un fiscal y evitó que se propaguen las carpas en un “efecto contagio”.

En el medio está el debate sobre el negocio inmobiliario de la pobreza. Sucede que los punteros venden espacios que no les pertenecen a los vecinos que buscan soluciones habitacionales bajo la promesa de una ulterior inscripción en programas oficiales de vivienda, por lo que se llevaron a cabo cinco allanamientos. (ver nota)