Política

El Gobierno apuesta a «mejorar la ley de Argentina Digital»

Así lo aseguró el jefe de Gabinete, en referencia a la predisposición del oficialismo para introducir cambios en el proyecto de ley de telecomunicaciones, que arrancó a ser debatido ayer en la Cámara alta.

Capitanich defendió la iniciativa que comenzó a debatirse ayer.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó hoy la predisposición para introducir cambios en el proyecto, al referirse puntualmente a la demanda de algunos legisladores de “poner mayor énfasis” en la protección de “cooperativas y pymes”, y a “garantizar en plenitud la neutralidad” de las redes. 

 

“Si es necesario perfeccionar la herramienta, estamos dispuestos a ello”, aseveró el jefe de ministros esta mañana, en el marco de su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que insistió en señalar que “no hay duda de que es absolutamente imprescindible construir una Argentina digital, para lo cual es necesario establecer un marco jurídico moderno que reemplace la ley de 1972”.

 

a iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca establecer un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet y la televisión por satélite y por cable.

 

Además, define como “servicio público en competencia” a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como “última milla” o “bucle local”.

 

Uno de los puntos sobresalientes del proyecto es el que permite a las telefónicas que puedan prestar servicios audiovisuales. Lo único que deben hacer esas empresas para dar contenidos audiovisuales es tener contabilidades separadas y no ser “anticompetitivas”.

 

Los licenciatarios audiovisuales podrán prestar servicios de telecomunicaciones a través de la misma red. Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores.

 

Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la autoridad de aplicación que designará el Poder Ejecutivo Nacional, que también definirá qué operadores deben “desagregarse de la red local” o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.