Así lo expresaron el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez, al brindar una conferencia en la sede de la cartera, donde se refirieron a la situación en distintos puntos del país, asegurando que las «son medidas extorsivas», las realizadas por policías de distintas provincias.

Alak y Alvarez remarcaron que los saqueos «no obedecen a necesidades alimentarias», que fueron «incentivados por sectores políticos» a través de redes sociales, y aseguraron que aplicarán sobre los responsables todo el peso de la ley.

Además, condenaron que policías de varias provincias hayan protagonizado huelgas, en reclamo de mejoras salariales, y advirtieron que esas medidas -en el caso de la Policía- es «ilegal» porque se trata de un «servicio esencial» para la ciudadanía, como el de la salud.

«Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza», subrayó Alak, para quien también surgen «claros indicios» del accionar de una organización «delictiva» a partir de la «elección de la época del año».

Por su parte, Alvarez criticó declaraciones formuladas por el ex jefe de la policía provincial y actual concejal del massismo, Salvador Baratta quien justificó las medidas policiales y también remarcó que la oposición mantiene silencio frente al conflicto de las fuerzas de seguridad.