La jueza Karina Cícero, a cargo del en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, dictó una medida precautelar intimando al Gobierno de la Ciudad y a la empresa AYSA a «entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07 referente a la construcción de 320 Km. de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios de la Ciudad».De no presentarse la documentación requerida, en el plazo estipulado, la jueza puede  suspender la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental, hasta que se realicen la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07″.En un comunicado, la organización vecinal Proto Comuna Caballito expresa que  «La vorágine construcción especulativa en nuestra Ciudad ha desatado una situación muy grave para quienes vivimos en ella. En efecto, basta recordar que desde el año 2006 han sido numerosas las protestas de los vecinos por la construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento racional ni infraestructura de servicios adecuada. Dejando al mercado como único guía y referente. Abandonando el Estado todo tipo de intervención y regulación que ponga a los intereses de la sociedad en general por sobre los de los especuladores”Cabe recordar que en  el año 2006, y en virtud de varias presentaciones judiciales, la justicia resolvió prohibir de manera transitoria la construcción de edificios en polígonos en los barrios de Caballito y Palermo.Es así como  el Gobierno porteño suspendió la construcción en varias zonas de Buenos Aires, mediante el dictado del Decreto Nº 1.929/06 (Boletín Oficial Nº 2.565). A partir de ese momento, se encargó a la empresa proveedora de servicios de agua y cloacas AYSA un estudio sobre la situación de la red sanitaria en el territorio de 6 barrios de Buenos Aires.Luego de dicho estudio,  el GCBA dictó el Decreto Nº 220/07 (Boletín Oficial Nº 2.628) donde, ante la crítica situación que planteaba la empresa de Agua, se firmó un convenio con la empresa de agua y se comenzó a exigir, para permitir la construcción de edificios, un “Certificado de Factibilidad” de esta última. Además, creaba comisiones técnicas y de participación ciudadana, fijaba procedimientos y se obligaba a “establecer un cronograma de adecuación de las redes a la nueva norma”.Sin embargo,  no se realizaron las obras de 320 Km. de cañerías y sí se siguieron dando los permisos de obra, a pesar del  estado de colapso de la red sanitaria. Según los vecinos, “Las obras con permiso vigente desde 2007 hasta la fecha, podrían ser calificadas de nulas en materia administrativa y los funcionarios del GCBA podrían ser denunciados por los delitos de falsedad ideológica en instrumento público», acusa la ONG.»Este grave y latente problema sanitario puede afectar, en cualquier momento, la calidad de vida de centenares de miles de habitantes de la Ciudad. No se trata de una cuestión menor, sino de una circunstancia que puede generar un daño ambiental irreparable e irreversible».