El organismo «ante la falta de consentimiento para la realización de los operativos de inspección, podría requerir a la Justicia que disponga la práctica de medidas que permitan establecer si Ricciardi Joyas y Paul Baker, en sus locales del barrio porteño de Recoleta, han observado la aplicación de la  legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo». La Unidad de Información Financiera (UIF)informó que ambas joyerías se negaron a la  exhibición de documentos atinentes a los mecanismos que deben instrumentar estos comercios para detectar posibles acciones de blanqueo de fondosLos inspectores intentaron en vano entregar al personal las órdenes de supervisión correspondientes, ya que «los empleados rehusaron recibir los documentos e impidieron la realización de los procedimientos que se encuentran amparados por la Ley 25.246″El pasado 29 de julio, el presidente de la UIF, José Sbattella, envió una nota a la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines, para requerir datos relativos al sector y comunicar que «la Unidad iba a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a quienes se dedican al comercio de joyas y metales preciosos, en orden a la prevención y castigo del lavado de activos».”Las inspecciones fueron dispuestas por  resolución 104/10, pero además desde el 2003 está vigente la resolución 11/2003 que establece que las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte o antigüedades, y a la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes producidos con metales o piedras preciosas se encuentran comprendidos en la categoría de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de enmascarar el lavado de dinero».La UFI recuerda en el comunicado que la legislación argentina considera “operaciones sospechosas” a todas las transacciones inusuales, sin justificación económica o jurídica o irrazonablemente complejas. En ese contexto se obliga a bancos, joyerías y escribanías, entre otros, a reportar datos a este organismo para su análisis.Además, Sbattella sostuvo que, para el ejercicio del “poder de policía” que tiene la UIF, “resulta necesario disponer un procedimiento de supervisión” del cumplimiento de las normas anti-lavado, a fines de evaluar la eficacia del sistema.