Por otra parte, los funcionarios citados por el magistrado para la Audiencia Pública , no concurrieron La resolución que interviene el SAME sostiene que los interventores informantes «tendrán el carácter de oficiales de Justicia ad hoc, con amplias facultades de ingreso a dependencias, desplazamiento interno, acceso a documentación, acceso a servicios informativos y todas aquellas que el tribunal resolverá en su caso».También  ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que proceda «a la reapertura inmediata» de todos los centros de salud de villas de emergencia, núcleos habitacionales transitorios, asentamientos y barrios pobres.Dispone la «normalización inmediata de medicamentos, instrumental y demás elementos necesarios para la efectiva y eficiente prestación del servicio de salud». Así mismo ante la ausencia del titular del Ministerio de Salud de la ciudad a la citación del juez para el pasado viernes, alegando problemas de salud,  del ministro Montenegro y del Jefe de gabinete, Rodríguez Larreta que alegaron problemas de agenda, el magistrado los convocó nuevamente para el 25 de abril, fecha en la que deberán comparecer o caso contrario podrán ser llevados por la fuerza pública. Además Gallardo intimó a Macri “a hacerse cargo de la situación ante la no concurrencia de Lemus o en su defecto que designe a otra persona”. En la Audiencia, la  diputada Liliana Parada dijo que los legisladores del bloque Proyecto Sur pedirán la interpelación de los funcionarios ausentes. “Estos funcionarios son los responsables políticos de la falta de asistencia a los habitantes de los barrios populares de la Ciudad, quienes deben atender urgencias médicas en centros de primeros auxilios. La salud, al igual que la educación, se han convertido en privilegio en el distrito nacional con mayores ingresos por habitante», señaló.Mucha presencia de público y pocos efectivos de la Policía Federal auguraban una audiencia complicada.De esta manera la convocatoria a la audiencia pública para que el Gobierno porteño brinde detalles y explicaciones sobre los protocolos en materia de atención de emergencias médicas en villas y asentamientos precarios, resuelta días atrás por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad fue celebrada entre agrupaciones vecinales, organizaciones de derechos humanos, y sectores políticos opositores. Desde el gobierno de la Ciudad nada se dijo sobre la resolución judicial que ordena el diseño de un plan amplio para garantizar el derecho de salud de los habitantes de todas las villas porteñas.En el auditorio del Colegio de Abogados lograron ingresar unas  200 personas entre representantes barriales a las autoridades de las Juntas Vecinales de las villas 21/24, 31 y 31bis, Piletones, Villa 3 y 1-11-14;  autoridades del INADI, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (actora en la acción de amparo en reclamo del cese de la discriminación en la asistencia médica a habitantes de villas porteñas), legisladores de la oposición en la Ciudad y medios de comunicación.