La decisión fue adoptada el pasado 27 de diciembre, pero recién conocida ayer, en dos fallos cautelares ante reclamos formulados por los municipios a raíz de severos cortes del suministro registrados en esos partidos del sur del Gran Buenos Aires, y también en algunos barrios capitalinos.En su medida, el magistrado ordenó a la empresa asegurar a los usuarios la continuidad del servicio público “conforme a las normas de calidad y eficiencia previstas en el contrato de concesión”.En sus resoluciones, Armella ordeno la normalización «bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar las sanciones conminatorias correspondientes y de enviar los antecedentes a la secretaría penal que por turno corresponda».Para el magistrado, “tratándose de un servicio público, debe asegurársele al usuario la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de éstos, a precios justos y razonables priorizando los preceptos constitucionales de ‘protección de los intereses económicos de los usuarios’, ‘información adecuada y veraz’ y condiciones de ‘trato equitativo y digno’ como lo prevé el art. 42 de la Constitución Nacional”.Además, el juez indicó que “la parte accionante se encontraría afectada en sus derechos constitucionales a la libertad, igualdad, propiedad, salud y otros como consecuencia de los permanentes cortes de suministro de energía, por lo que resulta vital el mentado servicio público para el desarrollo de sus actividades cotidianas”