La resolución fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, a cargo del juez Pablo Mántaras, a partir de una presentación del legislador porteño Alejandro Bodart.

La semana pasada, el magistrado había dispuesto la suspensión en forma precautelar y ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad que en el plazo de dos días acompañe un informe del cual resulten los antecedentes que motivaron el dictado de aquella resolución.

Ahora, tras analizar esa información y considerar que la exposición no fue suficiente para demostrar la razonabilidad del aumento, decidió ordenar una medida cautelar.

Al respecto, en el fallo que difundió el CIJ, el juez Mantaras consideró que «en los argumentos desarrollados en el escrito presentado», el Gobierno de la Ciudad «no invocó ni acreditó la existencia de un interés público concreto y con suficiente entidad –de acuerdo con las pautas desarrolladas supra– que pudiese obstar al reconocimiento de la tutela requerida por el amparista en esta causa».

«Mucho menos alegó que la continuidad del servicio pudiera verse amenazada por la medida, que es, en definitiva, lo que pretende prevenir el citado artículo 15 de la Ley de Amparo», consideró.

Por todo esto, el magistrado entendió que el incremento, «sii que la Ciudad hubiese instrumentado y ejecutado algún tipo de política pública, permitiendo y asegurando el acceso al servicio a aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para pagar la nueva tarifa, podría causar un perjuicio de muy difícil o, directamente, de imposible reparación ulterior».