La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aries Nidia Cicero dispuso que se tomen esas medidas provisorias hasta que se determine cómo se le proveerá a la mujer y a los niños una vivienda definitiva.
La medida fue tomada ante la acción de amparo promovida por Maura Ramírez Chambi, quien vive en la Argentina desde 1990 y trabaja como empleada doméstica.
La mujer afirmó que estaban afectados sus derechos a la vida, salud, vivienda y dignidad, porque el gobierno local no la incluyó en ninguno de los programas de emergencia habitacional vigentes.
La mujer contó que llegó a la Argentina en 1990 para mejorar su situación laboral, pero que en la actualidad pasa por una situación de emergencia habitacional junto con sus hijos de 5 y 10 años. La mujer vivió, hasta 2008, en la casa de una mujer a la que cuidaba, pero cuando murió los herederos vendieron el inmueble.
Entonces la mujer solicitó ayuda al gobierno porteño y fue incluida en el Programa Atención a Familias en situación de calle, pero en noviembre de 2009 percibió la última cuota y no tuvo respuestas a un pedido de extensión del beneficio.
Según constancias del expediente, percibe 600 pesos como empleada doméstica, 100 como beneficiaria del Programa Ticket Social, 150 del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado, 561,69 como pensión por discapacidad de uno de sus hijos y 180 por Asignación Universal por Hijo, por el otro.
La sentencia ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a mantener a la mujer en un plan habitacional hasta agotar el monto máximo de 12.000 mil pesos “en el número de cuotas mensuales y en las cantidades que estipula dicho régimen o conforme al cronograma que mejor se ajuste a la situación de Ramírez Chambi”.
El fallo agregó que “la renovación de este subsidio o la implementación de una modalidad diferente, a los mismos efectos de asegurar un alojamiento indispensable, en caso de que continuara necesitándolo al vencimiento del beneficio, será determinado en la etapa de ejecución de sentencia y previa evaluación de nuevos informes socio-ambientales”.
La mujer deberá presentar en los próximos tres meses distintas “alternativas habitacionales” para “encontrar una solución definitiva al problema de vivienda que viene padeciendo” y “cuáles son sus posibilidades de iniciar alguna actividad de capacitación que no interfieran en el cuidado de los niños”.
