La jueza federal Servini de Cubría archivó la causa penal que Lorena Martins promovió contra su padre Raúl Luis Martins por presunta trata de personas, aunque remitió copias al Tribunal Superior de la Ciudad, para investigar el «supuesto financiamiento» de la campaña electoral del jefe de gobierno Mauricio Macri.Fuentes vinculadas al sumario, confirmaron que la magistrada evaluó que la joven habría utilizado al juzgado para “ejercer presión sobre su padre”. Igualmente, la causa fue remitida al Tribunal Superior porteño, para que allí se investigue si Martins contribuyó a la campaña de Macri, tal como denuncio Lorena Martins oportunamente.La jueza dispuso el archivo “por no poder proceder”, ya que varios de los hechos reeditados en denuncia de Lorena Martins fueron objetos de un juicio oral que concluyó con la absolución de su padre, mientras que otros son objeto de otra causa que tramita la propia magistrada.La joven, de 35 años, denunció a su padre, un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, como administrador de prostíbulos en esta capital, en Mendoza y en Cancún, en los que se explotaría a chicas para que ejerzan la prostitución.En el expediente se acompañó una fotografía en la que Macri aparece retratado en uno de los locales de Cancún, lo que generó las manifestaciones de Lorena Martins sobre presuntos aportes efectuados por su padre para financiar la campaña electoral del actual jefe de gobierno porteño.La denunciante había sostenido, además, que se pagaban coimas a dependencias de la Policía Federal y funcionarios del gobierno local para evitar inspecciones y clausuras en los locales, ubicados en los barrios porteños de Recoleta, San Telmo y Flores, entre otros.Lorena Martins mencionó a algunos de los nombres de fantasía de esos locales: Rouge, The One, New Manhattan, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Swinger Club Anchorena; en los cuales, según la denunciante, hasta “trabajaban” menores de edad y mujeres extranjeras a las que se les retendría la documentación.La denuncia había quedado radicada ante el juez federal Norberto Oyarbide, aunque éste fue recusado por su supuesta amistad con Raúl Martins, por lo que pasó a ser tramitada por Servini de Cubría con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.