La denuncia llevada adelante por los padres y  las organizaciones se basa en la violación del derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes y motivó, además, la intervención de la Defensoría del Pueblo porteña. En el mismo sentido, se presentó también un pedido de medida cautelar para que se suspenda la licitación hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, es decir, si corresponde o no colocar cámaras dentro de una escuela. La licitación mencionada  contempla la instalación de alarmas y cámaras de monitoreo en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. El contrato por el servicio de vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. Representará para la ciudad un gasto de 532 millones de pesos.