La violencia con la que policías federales de México acabaron a tiros con una protesta de maestros en Oaxaca, al sureste de México, ya recibió una primera condena a nivel internacional y se trata de un peso pesado en la política global: la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Este martes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicadoen el que se manifiestó contra el operativo del Gobierno de la República que el domingo pasado dejó, hasta ahora, a ocho manifestantes muertos — ninguno de ellos son parte de la policía — y, al menos, 94 heridos.

“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca, Oaxaca, el 19 de junio”, señaló el documento a nombre de Jan Jarab, representante en México ante ONU-DH. “Lamento la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas” agrega.

Ese día, policías federales arribaron a uno de los estados más pobres de México para liberar un tramo carretero que estaba bloqueado por profesores rurales y sus simpatizantes quienes se oponen a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, por considerar — entre otras cosas — que la evaluación a la que deben someterse para obtener mejores puestos en el sistema educativo no toma en cuenta las dificultades de los maestros más marginados del país.

La policía usó rifles automáticos para repeler a los manifestantes, una práctica excesiva y contraria a los derechos humanos en los protocolos internacionales sobre cómo contener una protesta social. Al principio, el líder de la Policía Federal negó la utilización de armas letales, pero después tuvo que reconocer su uso, cuando agencias internacionales de noticias mostraron fotografías de los uniformados empuñando rifles de asalto.

Según la Policía Federal, las armas automáticas llegaron sólo después de que fueron “emboscados” por gente armada. Sin embargo, hasta el momento no hay videos o fotografías de la supuesta trampa contra la policía o de manifestantes con pistolas.

“La ONU-DH recuerda que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso.“En este contexto, la ONU-DH reitera la recomendación formulada por varios mecanismos internacionales de derechos humanos sobre la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad y garantizar una efectiva rendición de cuentas en su aplicación”, se lee en el comunicado.Esta mañana, el secretario de Educación Pública en México, Aurelio Nuño, anunció en una conferencia de prensa que mañana miércoles llegará a la Ciudad de México una comisión de maestros para dialogar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong — máximo mando de la Policía Federal —sobre cómo restablecer la paz en Oaxaca.

En esa reunión no estará Nuño, a quien los maestros ubican como el principal responsable de la violencia desatada en Nochixtlán y Hacienda Blanca, y quien negó que ante la escalada de violencia vaya a renunciar a su cargo.

El pronunciamiento de la ONU se suma al que hizo Amnistía Internacional, que pidió en un comunicado que las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no se usen para distraer la investigación.“Amnistía Internacional hace un enérgico llamado para el esclarecimiento de los hechos, es necesario que las investigaciones sobre la violencia sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas”, señaló la ONG.Hace dos semanas, dos líderes de los maestros disidentes fueron arrestados bajo cargos de lavado de dinero; sus agremiados y simpatizantes aseguran que se trata de una venganza política por no estar de acuerdo con la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.

Asimismo, en las últimas horas han circulado más videos en redes sociales subidos por ciudadanos o manifestantes quienes aseguran que la policía los está atacando con armas de fuego.