Dentro de seis meses, el macrismo vivirá otro aniversario fundacional. En este caso, los festejos por el quinto año de gobierno PRO, será recordado con 194 pares de zapatillas y tendrá su triste epicentro frente a la Plaza Once, un día antes del año nuevo de 2013, cuando se cumplan ocho años del voraz incendio del boliche República Cromañón, donde 194 personas, en su mayoría muy jóvenes murieron asfixiadas y calcinadas después de las 22:30 del 30 de diciembre de 2004.

Habían ido a presenciar un recital de la banda Callejeros, pero el disparo de una bengala dentro del local, incendió las telas de media sombra del techo y transformó al lugar en una caja cerrada de humo plástico que muy pocos pudieron eludir. 

Desde ese episodio,  la Ciudad de Buenos Aires cambió para siempre y comenzó a vivir una crisis política sin precedentes que derrumbó la gestión del que era el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra y dejó el camino libre para que su principal antagonista, el entonces empresario Mauricio Macri, desembarcara en la gestión del tercer presupuesto más importante del país.

Han transcurrido  siete años y seis meses desde aquella tragedia de 2004, pero todavía el Estado porteño se niega a reconocer su responsabilidad política en la tragedia. 

El PRO trata de evadir el tema, pero existen  1300 expedientes judiciales abiertos en los tribunales, donde los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la tragedia reclaman el castigo penal a los responsables y el resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos. 

Cada uno de esos casos, encierra una cifra que todavía no ha sido determinada, pero que, tarde o temprano, desembocará en una catatara de sentencias que la administración PRO deberá pagar en efectivo.

Ese escenario no sólo es mencionado dentro de los pasillos del fuero contencioso de la justicia federal, sino también dentro del gobierno porteño, donde se libra una dura interna sobre las formas que debería adoptar Macri para “cerrar de una vez el caso Cromañón”. 

Una de las opciones es una reparación histórica económica para todos los familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia. La iniciativa forma parte de un proyecto de ley que, en su primer artículo, reconoce la responsabilidad del Estado porteño en la tragedia, y crea una comisión de expertos que deberán establecer el monto que debería pagar la Ciudad en cada caso. 

Sin embargo, uno de los mayores problemas tiene que ver con la cifra, ya que el proyecto también establece la creación de un bono especial para que la Ciudad se endeude a nivel nacional e internacional para obtener el dinero necesario para abordar el pago de esa indemnización.

Esa estrategia, además, encierra un detalle político clave, ya que Estado porteño no puede endeudarse de ese modo sin los avales del Estado federal, algo que la Casa Rosada nunca liberó desde que Macri está al frente del gobierno porteño. 

Para 2012, el Estado porteño tiene un presupuesto de 32.700 millones de pesos, pero sus principales funcionarios sostienen que la Ciudad tendría que tomar deuda para pagar esas reparaciones económicas. 

Hoy,  los tribunales ya están arrojando los principales parámetros del costo de esa responsabilidad a partir del caso por el incendio de la discoteca Keyvis, el boliche de Olivos que ardió la noche del 20 de diciembre de 1993 y se cobró la vida de 17 adolescentes. 

Diecinueve años después, el promedio de indemnizaciones civiles para los familiares de esos jóvenes fallecidos es de 1,5 millón de pesos por cada víctima, aunque la arquitectura financiera del macrismo estaría dispuesta a pagar “no más” de 300 mil pesos por caso, la misma cifra que ofreció la gestión de Ibarra para evitar la tormenta de demandas que ahora abarrota las preocupaciones financieras de Macri que, ante sus principales colaboradores, reconoce que no quiere impulsar ninguna reparación. 

Los últimos subsidios que paga la Ciudad a familiares que necesitan apoyo económico vencen en septiembre, cuando se estén por cumplir ocho años de olvido.

Mientras Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta se niegan terminantemente a avanzar en la indemnización que diseñó, entre otros, el legislador PRO Helio Rebot, los familiares de las víctimas coinciden en señalar la necesidad de que el Estado porteño reconozca su responsabilidad en la tragedia, mientras avanza el segundo juicio.

 “Creo que es justo que el estado lo haga, pero el debate amerita un debate mucho más profundo, más allá de que la reparación sea justa y permita terminar con los negocios de ciertos abogados, que vi hace casi ocho años cerca de Cromañón y que hace tres meses también vi en Once, después del accidente ferroviario”, sostuvo Silvia Bignami, mamá del joven Julián Rozengardt y una de las querellantes en el caso penal que todavía no ha reclamado la vía civil, pero que jamás fue consultada por el Gobierno porteño al respecto. 

Para el abogado José Iglesias, cuyo hijo Pedro también falleció en la tragedia, la iniciativa es positiva, pero aclaró que “la actitud del jefe de gobierno es totalmente contraria”. “Más que fundacional, Cromañón fue el tema que les permitió llegar al gobierno, pero aun así, no los veo con voluntad ni interés de reconocer la responsabilidad que siempre han negado en Tribunales”.