Sociedad

Medicamentos, espionaje y el crimen de Ferreyra en la agenda tribunalicia

El fin de la feria judicial en todo el país prevé para febrero y marzo novedades de importancia en casos relevantes como la mafia de los medicamentos, el espionaje ilegal telefónico por el que está procesado el jefe de gobierno Mauricio Macri y el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, entre otros.

Desde el martes, la agenda más nutrida en principio es la de la megacausa por los medicamentos a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la cual ya comenzó una nueva ronda de declaraciones indagatorias que seguirá el 8 de febrero con el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin y hasta marzo con empresarios, otros funcionarios y el detenido sindicalista Juan José Zanola junto a su mujer Paula Aballay, ambos citados por nuevas pruebas surgidas en su contra.Pero además la sala de feria de la Cámara Federal porteña resolverá de manera inminente si concede un nuevo planteo de excarcelación para Zanola y Aballay, luego de una audiencia realizada en pleno receso judicial de enero.Oyarbide también trabaja en la resolución de las situaciones judiciales de imputados ya indagados en la causa como el ex titular de la Superintendencia de Salud de la Nación Héctor Cappacioli.En materia de excarcelaciones habrá novedades el martes en otra causa importante, la que investiga el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca el 20 de octubre pasado.La Cámara Nacional de Casación Penal citó a una audiencia ese día para anunciar si libera o no a los procesados por ese crimen Cristian Favale, Gabriel Sánchez, del delegado de la Unión Ferroviaria Pablo Díaz y Jorge González, todos acusados por «homicidio calificado» y cuyas excarcelaciones fueron ya rechazadas por la juez del caso y por la Cámara del Crimen que confirmó sus procesamientos.Además la juez de instrucción Wilma López tendrá que decidir en los primeros meses del 2011 si hace lugar a un pedido de la ex fiscal de la causa Cristina Caamaño -actual viceministra de Seguridad de la Nación- para citar a indagatoria al titular del gremio ferroviario José Pedraza, entre otras medidas de prueba que quedaron pendientes.Por otra parte, tanto la Cámara Federal como su superior -Casación- tienen que resolver con el reinicio de la actividad judicial dos planteos que definirán el futuro de la causa por el espionaje ilegal telefónico donde está procesado el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.La sala I de la Cámara Federal tiene que volver a resolver sobre un pedido de apartamiento del juez Oyarbide de la causa, que había sido rechazado y Casación ordenó volver a fundamentar para analizar si los dichos del magistrado a la prensa pudieron indicar pérdida de imparcialidad, como argumentó Macri.Y por otro lado el máximo tribunal penal del país, debe decidir sobre una recusación presentada a una de sus miembros, Liliana Catucci, una magistrada que votó a favor de apartar a Oyarbide del caso y recién entonces dedicarse a analizar la apelación presentada por Macri contra su procesamiento como supuesto «miembro» de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal telefónico.En cuanto a las causas que comprometen al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el fiscal federal Carlos Rivolo presentará en los próximos días un requerimiento para que el ex funcionario justifique el incremento patrimonial que se le atribuye, en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, antes de que el juez Oyarbide resuelva si se lo cita o no a indagatoria.Para fines de febrero, está programada también la audiencia en la Cámara Nacional de Casación previa a un veredicto sobre la confirmación o no del fallo de un tribunal oral que condenó a 20 años de cárcel al empresario Omar Chabán por la tragedia de la disco Cromañón y absolvió al grupo Callejeros.Tras esa audiencia la sala III de ese tribunal tendrá 20 días hábiles para dar a conocer su decisión.Otra causa que seguirá en trámite es la que lleva adelante el juez en lo penal económico Alejandro Catania por la detención en España de los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá y de Luis Miret al arribar a Barcelona a bordo de un avión que ocultaba 944 kilos de cocaína.Para la primera semana de febrero se aguarda continúen las declaraciones testimoniales de miembros de la Fuerza Aérea y personal civil de la Base Aerea de Morón, donde se sospecha pudo haberse cargado la droga mientras el magistrado prorrogó el secreto de sumario. Estos trámites estarán a cargo del juez Rafael Caputo, ya que Catania comenzó su período de vacaciones.