“En la Argentina hubo un Terrorismo de Estado aplicando terrorismo económico a través de estructuras cívico militares”, como la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los bancos Nación y Central, que tejieron la trama para desapoderar de sus empresas a detenidos desaparecidos, sostienen los autores del informe, María Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio.

El informe sistematiza los actos de desapoderamiento de empresas que constan en los archivos de la CNV, así como la participación del organismo en la represión, lo que incluye con la participación en interrogatorios en centros clandestinos y en el Banco Nación, de funcionarios como el ex presidente de la CNV, Juan Alfredo Etchebarne, recientemente detenido en la causa Banco de Hurlingham.

El organismo “tuvo un rol activo en lo que se denominó ‘lucha contra la subversión económica’ y se pudo determinar que en algunos casos de secuestros a empresarios, las denuncias, hechas tanto en sede judicial como en sede castrense, han salido de la CNV”, sostiene Perosino, coordinadora de la elaboración del informe.

Tanto Etchebarne como otro directivo de entonces, René Garris, fueron reconocidos por su voz en interrogatorios de empresarios desapoderados, en al menos dos centros de tortura.

Perosino considera que los casos relevados no superan el 15 por ciento del total de los desapoderamientos. Los más emblemáticos en el informe son los grupos Chavanne, Mackentor y Papel Prensa, este último estrechamente vinculado al del Banco de Hurlingham, por su pertenencia a los Graiver.

“Lo que queríamos –sostiene Perosino, era pensar los visos de legalidad que se dieron a estas acciones que se encontraban completamente por fuera de lo legal. Se pretendía construir un marco de legalidad para que los secuestros de estos empresarios y el desapoderamiento de las acciones pudieran ser incluidos dentro de la ley de subversión económica”.

Este mecanismo fue descripto en la presentación del informe realizado por la Comisión Nacional de Valores sobre terrorismo de Estado económico aplicado en la dictadura cívico militar, que contempló la transferencia de empresas de empresarios detenidos mediante un sistema denominado «normalidad fraguada».

“Hubo una serie de montajes y de fraguado de documentos y llegamos al concepto mediante un paralelismo con estos enfrentamientos fraguados durante la dictadura, que tenían que ver con hacer aparecer cuerpos en la vía pública para poder hacerlos pasar por combates, cuando en realidad eran personas que habían sido sacadas de centros clandestinos de detención y fusiladas”, añade.

Perosino indica que se trataba de “una legitimación del terrorismo económico y una estructuración de cierta documentación para que estas personas pudieran ser detenidas y desapoderadas de sus empresas”.

En la misma línea, Napoli sostiene que “había una dinámica específica de atacar a determinados grupos para beneficiar a otros. Así fue en la operación del Banco de Hurlingham, Grupo Chavanne y Siderúrgicas Grassi, que finalmente son los que quieren poner el dinero para comprar el banco, en la que se eliminó a un competidor de Acindar, la siderúrgica propiedad de (José Alfredo) Martínez de Hoz (ministro de Economía de la dictadura)”.

El investigador destaca que el directorio de la CNV durante la dictadura se forjó como segunda línea desde principios de los 70 y que algunos de esos directivos continuaron incluso hasta 2001.

Acerca del carácter cívico militar de la dictadura, Napoli indica que “no había otra manera de hacerlo. La CNV era un organismo cívico militar que a su vez colaboraba con jueces civiles, y que a su vez colaboraba con los bancos Central y Nación. Era una estructura tanto del sistema financiero como del judicial, que funcionó intacto durante toda la dictadura, que colaboró en ese plan de desapoderamientos, torturas y asesinatos”.

El informe – disponible en www.cnv.gob.ar – muestra como en los casos paradigmáticos se repite la práctica de secuestrar a  muchas personas, con los organismos del Estado, la Justicia y el Ejército, participando, y reiterando la secuencia secuestro, robo, desapoderamiento y luego, muchos, desaparecidos.

La CNV interactúa desde hace algunos años con los juzgados donde se tramitan causas de desapoderamiento por crímenes de Lesa Humanidad y ahora el informe está siendo distribuido a través de la Secretaría de Derechos Humanos en todos los juzgados del país que llevan adelante causas de que tocan particularmente operaciones económicas y financieras.

“De hecho, el vínculo que generó la requisitoria de distintos juzgados motivó la conformación de la Oficina de Derechos Humanos, memoria, verdad y justicia de la CNV. Algunos casos como Papel Prensa fueron generando la intervención y demandas de distintos aparatos de la Justicia sobre información relevante o significativa”, sostiene Bosisio.

Incluso la versión preliminar de este informe ya ha sido elevada a distintos juzgados. “De hecho ha tenido consecuencias ya. (El juez Daniel) Rafecas venía llevando el caso del Banco de Hurlingham y la información generada desde la CNV permitió consolidar esa causa y la detención del ex titular de la CNV, Etchevarne”, añade.

Fuente: Infogei