Moverse en auto por Buenos Aires no suele ser una experiencia placentera, y mucho menos en el centro.
Para los automovilistas, las congestiones de tránsito no son el único problema: encontrar donde estacionar sin perder la mitad del sueldo o sin tener que caminar diez cuadras después de dejar el coche no es tarea fácil.
No todos los garajes porteños son privados. El Gobierno de la Ciudad es dueño de 22 playas de estacionamiento, casi todas subterráneas, que otorga a empresas para su explotación a través de la Dirección General de Concesiones.
Son, según el propio gobierno, una “opción adicional que permite al usuario estacionar en zonas de alta demanda”.
Las 22 playas están en funcionamiento. La mayoría se ubica en la zona céntrica, en lugares estratégicos: a lo largo de la avenida 9 de Julio, debajo de la Plaza de los Dos Congresos, de la Plaza Houssay, de la Plaza Lavalle.
Algunas tienen espacio hasta para 500 autos. Están ubicadas en San Nicolás, Monserrat, Retiro, Balvanera, Recoleta, Palermo y Chacarita.
El sector privado maneja desde hace décadas este negocio y el esquema de concesiones fue mantenido por la administración PRO.
El desorden de plazos y cánones es evidente: el monto que las concesionarias pagan al gobierno y el plazo que distintas gestiones les otorgaron para explotar las playas de estacionamiento son muy diversos.
Una sola empresa –Playas Subterráneas SA– controla seis; otra –Riva SA– que maneja dos, y varias que tienen una sola.
Eduardo Amado, vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, informó, que según establecen los diferentes pliegos licitatorios, las empresas que explotan las playas pueden adecuar la tarifa “de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo”.
Es decir, los privados deciden cuánto cobrar. Ni las tarifas son iguales en las 22 playas ni los aumentos se dan al mismo tiempo.
La zona en la que se ubican es el factor determinante: los precios van desde los 12 hasta los 24 pesos por hora para los autos.
Como ejemplo, dejar el auto en la playa subterránea de Plaza Houssay cuesta 15 pesos por hora, mientras que la estadía de 24 horas cuesta 90 pesos. En Plaza Lavalle, la hora cuesta 21 pesos y la estadía, 140.
Amado propone que, para las playas concesionadas, haya audiencias públicas no vinculantes antes de cada aumento. “Que cada una de las playas al momento en que quiera implementar un aumento tenga que pasar por audiencia pública implicaría que el representante legal de la empresa deje a la vista la ecuación financiera con la que lo justifica. Estamos peleando por esta instancia”, asegura.
En cuanto a los cánones que deben pagar las empresas al gobierno, las diferencias entre lo que paga una playa y lo que paga otra son al menos llamativas.
Se ven valores que van desde los 8 mil hasta los 461 mil pesos mensuales. Según el Gobierno de la Ciudad, el canon “es establecido por una tasación base que efectúa el Área Pignoraticia del Banco Ciudad de Buenos Aires”, pero no dio explicaciones acerca de qué manera calcula el monto.
Por su parte, el Banco Ciudad aclaró que se encarga de la tasación base, pero que el monto del canon lo determina siempre el Ejecutivo.
Hay dos playas que no abonan canon. Una de ellas es la que utiliza la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mientras que la otra es explotada por la Asociación Mutual de Empleados de Empresas de Servicios 18 de Octubre, en Chacarita.
Otras dos concesiones se encuentran vencidas y “en proceso de regularización”. Se trata de las playas ubicadas en el subsuelo de la calle Charcas, entre Salguero y Coronel Díaz, y en el subsuelo de la Plaza Lavalle.
En cuanto a los plazos de concesión también son muy diversos: van desde 5 hasta 40 años. Algunas de las concesiones, como la del estacionamiento que se encuentra en Santa Fe entre Maipú y Florida, por ejemplo, datan de 1978, cuando gobernaba de facto el brigadier Osvaldo Cacciatore.
Con respecto a la gestión macrista, las concesiones otorgadas no superan los cinco años, lo que permite eludir la discusión y el control de la Legislatura.
Es el caso de las playas ubicadas en Córdoba entre Florida y Esmeralda, en Corrientes y Reconquista, en el subsuelo de la Plaza Libertad y en 9 de Julio y Lavalle, entre otras. En su mayoría, son administradas por Playas Subterráneas SA. Esta empresa es el caso que más llama la atención, ya que maneja 6 de las 22 playas, con un promedio de 400 cocheras cada una.
Por lo general, las empresas que explotan las playas son constructoras, que las operan con un mínimo control del Estado, que se limita a garantizar que el servicio funcione.
Así, los gobiernos cambian pero el negocio se mantiene. La gestión de Macri no modificó este diseño heredado y prorrogó las concesiones.
Además de las playas existentes, las diferentes gestiones proyectaron la construcción de nuevos estacionamientos.
En 2000 la Legislatura sancionó la ley 469, que ordena construir 13 playas en diferentes barrios. En 2008, se llamó a licitación por 11 de estas playas. Hasta la fecha, sólo se construyó la de la plaza Emilio Mitre, entre las avenidas Pueyrredón, Cantilo y Las Heras, y la calle Pacheco de Melo, en Recoleta. La hizo Criba SA, y obtuvo una concesión por 20 años.
El estacionamiento en la plaza Emilio Mitre fue inaugurado en noviembre de 2011. Lo construyó la empresa Criba, que tiene una concesión de 20 años, con un canon de 21.200 pesos por mes.
A menos de dos años de haberse inaugurado, algunos vecinos denuncian que en ella funcionan un taller mecánico y una concesionaria de automóviles, violentando la norma que la autorizó.
El legislador Maximiliano Ferraro (CC) presentó un pedido de informes al Ejecutivo por este motivo.
Los otros estacionamientos iban a ser construidos en los subsuelos de diferentes plazas. Entre otras, Barrancas de Belgrano, Parque Los Andes y plaza Pueyrredón, en Flores.
Estas construcciones son cuestionadas por los ambientalistas. Antonio Elio Brailovsky, por ejemplo, explica que “los espacios verdes están conectados a las napas subterráneas, cuando llueve filtra el agua para abajo, y ésa es agua que no corre en superficie. Si ponemos cemento no hay manera de que el agua filtre. El espacio deja de cumplir la función de espacio absorbente”.
La legisladora María José Lubertino (FpV), integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte, coincide en que se deben rechazar los proyectos “que impliquen poner cemento donde hay plazas, como es esta experiencia patética de lo que se hizo en la Plaza Mitre. Disminuyen la permeabilidad que la ciudad necesita para no inundarse”.
Opina que la solución de fondo sería fomentar el sistema público de transporte y desalentar el uso de automóviles.
Además, propone modificar la cantidad de cocheras exigidas a los edificios nuevos y, cuando es posible, agregar pisos subterráneos a los estacionamientos que ya existen.
En 2009, la Legislatura aprobó la creación de otras 42 playas, además de las proyectadas por la ley 469 del año 2000. El objetivo era eliminar el estacionamiento en superficie y paliar el déficit barrial de playas públicas.
El proyecto proponía hacer dos tipos de estacionamientos: Disuasorios, para que dejen su vehículo quienes llegan desde la provincia e ingresen en el centro en transporte público y vecinales, para uso preferencial de los residentes del barrio.
Estas playas fueron licitadas recién en 2012 y todavía no hay ninguna en construcción.
Como se ve, las propuestas son muchas pero las implementaciones pocas. Mientras tanto, circular en auto y encontrar donde dejar el coche es cada día más difícil.
El gobierno presentó en abril el proyecto para ampliar la zona de estacionamiento medido que abarcaría más de la mitad de la ciudad, lo que generará una presión extra sobre el bolsillo de los automovilistas y no garantizará ninguna mejora en la ocupación del espacio público.
Parecería que el plan de fondo más que atender al buen uso de los espacios comunes, privilegia la recaudación.
