«Al revelar día y lugar donde la joven iba a practicarse el aborto, Macri violó perversamente el artículo 156 del Código Penal», dijo el dirigente de la CTA, y precisó que la norma establece «penas pecuniarias e inhabilitación especial a quien revele sin causa la noticia de un secreto, al que haya accedido por su cargo u oficio y cuya divulgación pueda causar daño». 

En ese sentido, Nenna señaló que «Macri violó la intimidad de la joven que debía practicarse un aborto y permitió que se interpusiera el amparo que derivó en la cautelar judicial».

«Es como si el jefe de Gobierno hubiera dictado a los amparistas los datos centrales para labrar la demanda judicial», argumentó, y añadió: «ya no sólo cree que la Ciudad es su empresa sino que está convencido que es dueño del cuerpo de una mujer ultrajada que decide abortar».

Además, el diputado kirchnerista destacó que la conducta de Macri vulneró el inciso «e» del artículo 3º de la Ley 26485 sobre violencia de género.

«Ese artículo garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva pero el ingeniero Macri lo pasó por alto», aseveró.

La realización del aborto estaba prevista para ayer en el Hospital Ramos Mejía, datos que difundió el propio Macri el jueves pasado. Un día después, el Gobierno porteño vetó la Ley de Abortos No Punibles que había sancionado la Legislatura local el 28 de septiembre último y quedó en vigencia el protocolo diseñado por el ministro de Salud saliente, Jorge Lemus, cuyas estipulaciones contradicen el fallo de la Corte Suprema de Justicia para estos casos. 

Con esa información, la Fundación Pro-Vida presentó un amparo para que se suspenda el aborto. Finalmente, la jueza nacional en lo civil Nº 106, Myriam Rustán de Estrada, contradiciendo al fallo de la Suprema Corte de Justicia, dictó una medida cautelar que impidió el procedimiento.

El artículo 156, aludido por Nenna en sus declaraciones, prescribe que «será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa».