Cada 10 empleos netos generados en la década de los `90, 9 eran sin registrar: se fomentaba la cultura de la evasión, del trabajo sin regulaciones, sin indemnizaciones, sin sindicatos, sin negociación colectiva. Hoy, de cada 10 empleos generados 8 son trabajadores registrados.

En un informe sobre trabajo no registrado elaborado por la cartera laboral, se indica que desde el 25 de Mayo de 2003, con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, nuestro país inició un proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social. 

El proyecto político puesto en marcha en 2003 con un enfoque socio productivo con eje en la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad. 

Las políticas activas desarrollas por el MTEySS, en consonancia con este enfoque, acompañaron con el despliegue de acciones concretas que contribuyeron a la reducción del trabajo no registrado.  

Es en este marco, que se creó en septiembre de 2003, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) con el objetivo de reconquistar la presencia y facultad inspectiva del Ministerio de Trabajo. Fue presentado por el presidente Kirchner en el salón Blanco de la Casa de Gobierno

Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Una fuerte campaña de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, generaron un progresivo cambio en el comportamiento social, aún insuficiente.

El Ministerio de Trabajo a través de sus inspecciones, fiscalizó más de 1 millón de empresas y de 3 millones de trabajadores.

Fuente: Sala de Prensa